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Nueva Fase de Aprobación de la Reforma

La semana pasada fue revisada y turnada de regreso a la Cámara de Origen, es decir, de Diputados, la iniciativa de Reforma en Telecomunicaciones para su pronta aprobación; de ahí deberá ser turnada a los Congresos locales y al Ejecutivo Federal para su autorización y pronta promulgación. Qué buena noticia saber que los Senadores realizaron una revisión a conciencia de la misma, dejando de lado las presiones políticas y considerando todos los aspectos necesarios para que refleje un verdadero cambio institucional en las telecomunicaciones mexicanas.

Los Senadores realizaron 18 cambios al texto de la Reforma, entre los que se encuentran condiciones fundamentales para la sana operación del sector. En primer lugar, vale la pena destacar que los Senadores determinaron que no necesariamente el Estado será el encargado de instalar y administrar la red compartida de telecomunicaciones, como anteriormente se había previsto. En cambio, el IFT, junto con el Ejecutivo, garantizará que exista, pero ya no dependerá del Gobierno su despliegue y funcionamiento. Con ello, nos salvamos de un elefante blanco como fueron en su momento Telmex y Satmex, que tuvieron que ser rescatadas por el sector privado debido a su mal funcionamiento e ineficiencia administrativa.

La idea no es culpar a nadie por hechos que ya quedaron en el pasado, pero es importante no perder la memoria y recordar que, tanto en México como a nivel internacional, la experiencia ha demostrado que las empresas de telecomunicaciones operadas por el sector público no han podido ofrecer los servicios de calidad y cobertura que la población necesita. Como resultado, actualmente las telecomunicaciones son operadas desde el sector privado y si acaso, el gobierno puede buscar la inyección de capital para mejorar su funcionamiento, si bien las condiciones necesarias para nivelar el terreno de la competencia efectiva dependen directamente de la regulación y el corpus institucional fortalecido que la Reforma plantea.

Otra de las especificaciones que resultaba necesaria era que si bien se considerará a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión como servicios públicos y de interés general, cuyo acceso será garantizado por el Estado, los servicios no necesariamente deberán ser gratuitos. En este sentido es importante reconocer que aunque el gobierno busque la promoción del acceso mediante diversas políticas públicas, lo que realmente se pretende es lograr un mercado en condiciones de verdadera competencia para que los precios sean accesibles a toda la población, pero esto no implica que deba otorgarlos sin costo alguno, y éste ha sido el patrón de la experiencia internacional en todos los países que han considerado el acceso a las TIC como derecho fundamental.

Sin afán de menospreciar el trabajo que han realizado los legisladores en la materia, sino todo lo contrario, varios en la industria y la academia sentimos que todavía falta más en este avance regulatorio de las telecomunicaciones mexicanas. Falta considerar elementos primordiales como la protección al consumidor, la compartición de infraestructura y un mecanismo efectivo para nivelar el terreno de la competencia entre operadores.

Si bien esta Reforma es muy importante como primer paso para lograr una verdadera Reforma Integral para las telecomunicaciones, resulta indispensable hacer énfasis en que el Congreso realmente imprima todos los elementos necesarios para su efectiva implementación en las leyes secundarias y reglamentos que consolidan el paso a seguir después de su aprobación y próxima promulgación.