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Casas de empeño, otro abuso permitido

Las autoridades y legisladores que operaron la reforma financiera dejaron pasar la oportunidad de ordenar y regular a un sector que repercute seriamente en los bolsillos de las clases populares: las casas de empeño. En una situación similar al de las sofomes no reguladas, ninguna entidad pública tiene el conocimiento de la cantidad de empresas de este tipo que operan en el país, pues son abiertas como cualquier establecimiento comercial, cuando su actividad central es el crédito prendario.

El tema debe ser analizado seriamente ahora que la Procuraduría Federal del Consumidor que encabeza Alfredo Castillo, clausuró a sucursales de Nacional Monte de Piedad y la Fundación Rafael Dondé por incumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor y Normas Oficiales Mexicanas, además de que anunció que sancionará a Montepío Luz Saviñón por su negativa a la visita de verificación.

De acuerdo con la Profeco, entre las irregularidades encontradas en las casas de empeño clausuradas destacan el “no contar con contrato de adhesión registrado ante Profeco; no proporcionar al consumidor de manera clara, visible y veraz información relativa al  porcentaje del préstamo conforme al avalúo de la prenda, el ramo de prendas aceptadas, la tasa de interés anualizada que se cobra sobre los saldos insolutos, el costo anual total, los gastos por almacenaje, plazo de pago, requisitos para el desempeño de la prenda, la cantidad de refrendos a que tiene derecho el consumidor, los requisitos y condiciones de los mismos”.

Tampoco se informa el procedimiento de comercialización de la prenda, requisitos y condiciones de la misma, gastos por almacenaje -en caso de no recoger la prenda desempeñada-, así como las condiciones de venta, entre otras.

¿Acaso no son estas las funciones que la CNBV y Condusef deberían ejercer en una regulación y supervisión a empresas netamente financieras que ejercen el crédito prendario?

La Profeco opera un programa referenciado a la temporada conocida como la “cuesta de enero”, en la que mucha gente de escasos recursos empeña algunas de sus pertenencias para solventar los gastos de principio de año, luego de los desembolsos realizados para los festejos de navidad y fin de año, así como del día de reyes.

Arropadas una gran parte de ellas en instituciones de asistencia privada, reniegan incluso de la supervisión de la Profeco, tal y como lo declaró Javier Icaza, coordinador de asesores de la Fundación Dondé a raíz de la sanciones recientes: «Existe un poco de falta de claridad en la ley en el tema de saber si las casas de empeño deberíamos o no reportar a Profeco, al no ser la Fundación una empresa comercial si no una Institución de Asistencia Privada (IAP), no está muy claro si la Fundación tiene que reportar a Profeco”.

El crédito prendario es el financiamiento más seguro y garantizado que existe, dado que los objetos empeñados quedan en posesión del prestamista. Sus tasas de interés deberían ser las mejores del mercado, situación que no es así, pues las más bajas se asemejan a las de las tarjetas de crédito bancarias y las más altas van más allá de la usura.

El crédito bancario debería ser una herramienta de los mexicanos para pagar otros créditos más onerosos; una alternativa para afrontar emergencias sin necesidad de acudir a los carísimos créditos personales y de nómina, y, ¿por qué no?, para obtener un capital destinado al inicio de un negocio o microempresa.

¿Seguirá SEP con Toka Investment en 2014?

Las empresas agremiadas en la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales de Despensa (Aseval) se preguntan si el secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, permitirá que los funcionarios de su área de compras sigan en este año poniendo en peligro los recursos de la dependencia destinados a la compensación de sus empleados, como lo hicieron en 2013 al otorgar un contrato superior a los 700 millones de pesos a la sofom no regulada Toka Investment.

Esta empresa ha tratado de ingresar a como dé lugar en este mercado, bajando sus precios e incluso dando grandes bonificaciones que nulifican alguna utilidad operativa. Otras dependencias públicas como el Issste no les han permitido participar en sus licitaciones debido a que no cuentan con las suficientes reservas y capital para garantizar la distribución de los recursos.

Y por si esto fuera poco, mañosamente lanza la marca Easyvale para tratar de capitalizar fonéticamente el reconocimiento de mercado de la marca Sí Vale. En este tema el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual ya tomó cartas en el asunto.

Pymes, temprana mortandad

Durante el primer año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto mucho se ha insistido en el apoyo que se brindará a las micro y pequeñas empresas, las cuales generan casi el 80% del empleo en el país, según datos oficiales.

Mucho se ha hablado en el discurso oficial sobre los financiamientos a esas unidades productivas a través de diversos programas gubernamentales instrumentados desde el inicio de la actual administración.

Sin embargo, es una realidad que el 35% de las micro y pequeñas empresas de reciente creación mueren poco antes de cumplir un año en el mercado. Es decir, de cada 100 microempresas que se abren cada año, al menos en la Ciudad de México,  35 de ellas quiebran.

El dato lo reveló hace un par de días Vicente Gutiérrez Camposeco, delegado de la Secretaría de Economía en la Zona Metropolitana del DF, quien explicó que, entre otras causas, esas unidades económicas mueren no sólo por falta de financiamiento sino por factores relacionadas con la gestión del propio negocio y por una inadecuada incursión en el mercado.

Lo que es un hecho, es que el entusiasmo de muchos emprendedores se frustra cuando acude a las instituciones bancarias a solicitar apoyos crediticios para abrir un negocio debido a la falta de historial crediticio; otros que ya tienen algún tiempo operando, un par de años quizá, no pueden acceder al financiamiento porque se les objeta no contar con asistencia técnica u otros factores que les impiden, en definitiva, tener recursos para continuar operando.

De ahí que, muchas de esas microempresas, la mayoría de ellas familiares, prefieren acudir a fuentes de financiamiento informales, como la usura, o de sus  proveedores en el mejor de los casos, y de ello dan cuenta los datos del Banxico en sus reportes mensuales.