Han transcurrido casi tres meses desde la barbarie cometida en la ciudad guerrerense de Iguala, la noche fatal del 26 de septiembre. Un hecho que ofende, irrita y lastima y que no se podrá borrar de la mente popular. La impunidad, que blindaba el perverso y criminal comportamiento de un alcalde, comprometido con la delincuencia organizada, que pudo enriquecerse y encumbrarse en la política, a ciencia y paciencia de la dirigencia de un partido, cuya única preocupación era, al menos así lo demostró en este caso, sumar posiciones políticas, al costo que fuera, sin escrúpulos ni remordimiento alguno, está en el origen de esta tragedia.
Ahora se dan a conocer, como noticia, lo que muchos sabían de tiempo atrás, los excesos, las injusticias, las arbitrariedades y hasta los crímenes cometidos por el ex alcalde, José Luis Abarca. Toda una pesadilla que vivió la población de ese lugar, sin que nadie reclamara nada ni menos llamara a cuentas a la autoridad municipal. Y es que, a quien se atrevió, a quien desafió el mando autoritario del edil, le costó la vida, según han declarado vecinos de Iguala.
La condena sobre lo ocurrido en ese municipio de Guerrero, es total. La sociedad se ha solidarizado en el dolor y reclamo de justicia de los familiares de las víctimas, y es de entender su iracunda actitud y escepticismo ante una circunstancia que no ofrece mayores esperanzas de encontrar a sus familiares con vida. La resistencia a aceptar ésta que, lamentablemente, aparece como una fatal e inevitable realidad, profundiza el dolor.
Pero en todo esto, hay quienes aprovechan para lucrar con el dolor ajeno. Nadie duda sobre la responsabilidad de este mal servidor público en estos hechos criminales, de él, de sus policías y, desde luego, de los delincuentes que actuaron de manera despiadada. Sin embargo, poco se habla ya de ellos, los ejecutores directos y, si en cambio, se han enderezado los reclamos, las denuncias y las acusaciones en contra de las autoridades federales, al grado tal, que a estas alturas, nadie recuerda al ex alcalde igualteco, ni a sus cómplices y socios, los guerrero unidos.
Las cosas se han llevado a un absurdo extremo de distorsión, merced a una muy efectiva manipulación. En efecto, en su rabia justificada, los lastimados por la desaparición de los jóvenes normalistas han olvidado por completo a los verdaderos responsables, a los culpables de su desaparición y posible ejecución, en cambio han hecho del titular del Ejecutivo Federal el objeto de sus reclamos, atribuyéndole la responsabilidad de todo lo sucedido. A esta cargada contra el Ejecutivo, se han sumado grupos con intereses muy diversos, que encontraron en Ayotzinapa una buena cobija para justificar ataques de toda índole contra el gobierno federal.
Y en este sentido, a río revuelto, intereses en pugna, políticos y económicos, afectados y resentidos, lucrando con el dolor ajeno, aprovechan la oportunidad para ir por la revancha, cobrar cuentas pasadas, apostándole al caos y a la desestabilización, quien quita y puedan hacerse del poder.
No es casual, que se llegara a proponer, como fórmula para la solución de todos los males del país, incluyendo la aparición con vida de los estudiantes normalistas, la renuncia del Presidente de la República, en una jugada irresponsable y perversa, que no mide la magnitud de las consecuencias de semejante planteamiento.
Nos unimos al reclamo de justicia para el caso de Iguala, pero condenamos todas las acciones vandálicas que, con este pretexto, llevan a cabo grupos no identificados cuya intención desestabilizadora es evidente. Ataques a derechos humanos, agresiones a las fuerzas del orden, daños a la propiedad privada e instalaciones públicas no deben quedar impunes.
Llegar hasta la ceremonia del premio Nobel para exigir la presentación con vida de los 42 estudiantes normalistas y demandar que la autoridad asuma la responsabilidad por su desaparición, y no hacer mención alguna sobre los verdaderos ejecutores de estos hechos, sobre los delincuentes confesos, muestra una intención que va más allá de la indignación de los familiares ofendidos. Habrá que distinguir bien, quiénes actúan con dolor y quiénes van con otras motivaciones, como provocar el caos. A estos habrá que denunciarlos y sancionarlos. Por supuesto que también habría que aplicarle la ley a las manos que mueven la cuna.
¿O acaso cree usted, estimado radioescucha, que todos actúan de buena fe?
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