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Prueba de fuego

Fecha: 23 de abril de 2015 | Autor:

ine¡Vaya tarea la del Instituto Nacional Electoral!  Difícil le está resultando a esta autoridad lograr que los sujetos de la ley de su competencia, léase partidos políticos, dirigentes y candidatos a cargos de elección popular, fundamentalmente, la respeten y la acaten, en esta, su primera aplicación a un proceso electoral.

Y es que, esta norma se revisa y se reforma después de cada jornada electoral federal, o casi. Al menos, así ha sucedido, en cuatro ocasiones, tras los comicios presidenciales de 1976, 1988, 2006 y 2012, dando lugar a nuevas leyes que abrogaban a la anterior, independientemente de las modificaciones sufridas durante su vigencia y que nos han llevado hasta una ley, compleja y complicada .

La pretensión de lograr un modelo de legislación ideal, que permita un proceso electoral pulcro, limpio y transparente, que garantice la participación democrática plural, libre, abierta y equitativa de los actores políticos, se ha visto frenada ante el choque de intereses entre quienes son los responsables de la revisión y reforma de las leyes. Y es que, en esta materia, los partidos políticos y sus bancadas actúan como juez y parte. Quizás éste sea el secreto que ha impedido alcanzar ese modelo tan deseado.

El resultado de los debates y deliberaciones no ha sido el mejor, pues los difíciles acuerdos entre los legisladores de las distintas fuerzas políticas culminan en negociaciones que dejan de lado propuestas oportunas y razonables, para dar paso a iniciativas de conveniencia o coyuntura, con una corta vida pues, no bien entran en vigor, cuando ya se está considerando su reforma. Y de esto, estamos siendo testigos ahora.

Tal vez la intención sea buena, pero un marco jurídico tan a detalle no ayuda a resolver los problemas para lograr nuestro fortalecimiento democrático. Hemos llegado a extremos en los que se sanciona al  mensajero, por las malas noticias. La remoción de autoridades electorales con garantía de inamovilidad, tuvo que ir hasta el cambio del organismo, para justificar una destitución encubierta, porque algunos partidos políticos se sintieron afrentados en la elección federal de 2006, y se las cobraron. Ya resultaba demasiado haber hecho lo mismo en la elección de 2012, por lo que el malestar de algunos, ante la frustración  por su derrota, se tranquilizó con la abrogación de la ley electoral anterior y la publicación de tres nuevas leyes que la sustituyeron y que ahora ellos mismos están padeciendo.

En el proceso actual, los problemas se han presentado, principalmente, y hasta el momento, en el tema de la propaganda electoral. Excesos en los gastos, sobre exposición sistemática, mensajes contrarios a la ley, irregularidades en los informes de ingresos y gastos y actos anticipados de campaña, son sólo algunas de las irregularidades en que han incurrido prácticamente todos los partidos contendientes. Y si es el caso que todos han incurrido en faltas, cabría suponer o que la regulación no es la mejor, y habría que ajustarla, o bien, que al apostar todos a su incumplimiento, resulta una ley inefectiva. En ambos casos, lo recomendable sería su revisión.

Habrá que ver qué pasa en las siguientes seis semanas que restan de campaña y si, finalmente, los partidos se deciden a entrarle en serio a desarrollar una propaganda electoral proselitista que se ajuste a lo que la ley establece y se dejen de estar buscando resquicios para evadir su cumplimiento.

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