Las presiones del sector empresarial que históricamente los llevó a manifestarse en el Angel de la Independencia contra la ley 3 de 3, obligó al gobierno federal a betarla.
Desde el principio que se conoció, el presidente de la COPARMEX, Gustavo de Hoyos criticó como un yerro esa propuesta que los empresarios y sus alrededores, ligados a contratos con el gobierno, tuvieran que presentar sus declaraciones patrimonial y fiscal, como una medida de la Ley Anticorrupción.
Obviamente que calificó como una ocurrencia de madrugada, tal vez porque los senadores estaban sesionando en altas horas de la noche esa la Ley que, sin temor a equivocarnos fueron los propios personajes jurídicos del gobierno federal apostados en el Senado, los que impusieron la 3 de 3 contra los empresarios a sabiendas que los priistas de Emilio Gamboa no estaban de acuerdo.
Como se esperaba, en San Lázaro los diputados la dejaron pasar sin contratiempos para cristalizar la aprobación que les mandaron los senadores. Algo así como fast trak, pese que los panistas de Fernando Herrera y Marko Cortés, y los perredistas de Miguel Barbosa y Francisco Martínez Nery votaron en contra.
Cuando llegó al Presidente Peña Nieto, determinó aplazar la ceremonia donde promulgaría esa Ley, pues pidió se analizara su contenido porque los empresarios estaban inconformes porque se las habían volteado, es decir la iniciativa es ciudadana y la presentaron para que la ley 3de 3 fuera para los políticos que revelaran su patrimonio y no ellos, los patrones como quedó al final la redacción.
Peña Nieto hizo bien en revirarle a los Senadores esa aprobación, no lo consultó con su propio equipo porque sabía que el sentir del sector patronal, de esos que generan los empleos, estaban agredidos con este texto que los obligaba a desnudar ante la opinión pública sus empresas cuando por lógica existen las auditorías que asumen ese papel.
No hacerlo también gravaría el descontento y se corría el riesgo que los empresarios salieran a la calle pero con sus millones de empleados para exigir se vetara esa ley que en nada ayudaría a resolver el problema de la corrupción, pues acusaron que son ellos, en el gobierno los que la fomentan. Que ahí es donde se tiene que transparentar todos sus movimientos.
Naturalmente que regresar esa Ley al Congreso, con los yerros subrayados hace ver mal a los senadores y diputados en una clara omisión de su trabajo cuando la realidad fue el propio gobierno, por meter la mano como siempre, el que originó la falla.
Este lunes los mandamás de INFONAVIT, David Penchyna y de FOVISSSTE, Luis Antonio Godina, firmaran un convenio para concretar el cofinanciamiento para que cuando un derechohabiente cotice en ambas, logre acumular los montos de las dos subcuentas en una sola vivienda, con ello ambas instituciones consideradas las hipotecarias más importantes del país, sin duda siguen acumulando buenas cuentas para sus agremiados que sin duda esos beneficios son más que significativos para hacerse de su patrimonio.
El próximo jueves se elegirá al nuevo presidente del Consejo Nacional Agropecuario y va que vuela a ocupar el cargo Bosco de la Vega para suceder al actual Benjamín Garyed. Como dato, anote que en su campaña donde convenció por su trabajo de años atrás, recibió el voto de la mayoría, por no decir de forma unánime, del sector empresarial del país, para llegar como dirigente los próximos dos años.
La Secretaria de la Función Publica de Virgilio Andrade prendió focos rojos contra la empresa Tecno Alta Distribución de Carlos Bayo, la misma que ha sido investigada por irregularidades en contratos con el IPN, Registro Nacional Agrario, IMSS. Bueno, en puerta está el escándalo ahora por los contratos que busca realizar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la licitación SA-011d000021-N19-2015 y en los que denuncian se le investigue pues se involucra a funcionarios públicos para favorecerle la contratación. Como elementos denuncian la grabación donde buscan simular cumplimiento de los requisitos de esa licitación, entre ellos falsear la existencia y disponibilidad de la flotilla de vehículos comprometidos al Instituto.
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