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De gobernadores y corrupción

Fecha: 28 de noviembre de 2016 | Autor:

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El 27 de mayo de 2015, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma constitucional para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), “una moderna instancia de coordinación entre autoridades locales y federales, con atribuciones amplias para prevenir detectar y sancionar irregularidades administrativas y delitos por actos de corrupción”, según lo definió el Jefe del Ejecutivo.

Importante y trascendente, sin duda, pero esta reforma tardaría en entrar en vigor, todavía un año y dos meses, hasta el pasado 18 de julio. Y es que en la búsqueda por la perfección legislativa, legisladores de los diversos partidos, especialistas, académicos y representantes de la sociedad civil, enfrascados en largos e intensos debates, no lograban el acuerdo sobre el marco jurídico reglamentario en el que debería aterrizar dicha reforma. Todos, con la mejor intención e interés en lograr las mejores leyes, olvidaban que la perfección es enemiga de lo bueno, como decía Voltaire, porque el paso del tiempo, es bien cierto, afecta la oportunidad y las bondades de cualquier noble propósito.

Y digan ustedes sino es de urgencia la puesta en marcha del SNA, ante la escalada de corrupción detectada en estos tiempos, con la renovación de varias gubernaturas. En algunos casos, por la alternancia que, con el cambio de colores en la administración, no hay cobijo para el funcionario saliente, que tiene que rendir cuentas sobre su actuación y, sobre todo, sobre un patrimonio acumulado a largo del ejercicio de su gestión, que resulta bastante difícil de justificar.

En otros casos, porque la voracidad del funcionario ha sido de tal magnitud, que resulta imposible voltear a otro lado e ignorar las múltiples denuncias y señalamientos sobre los excesos cometidos en el ejercicio del cargo. Estas conductas criminales lesionan la imagen del gobierno o del partido político que los abanderó, por lo que no queda más que actuar en consecuencia y juzgar y sancionar, en su caso, a quien infringió la ley y evitar una falsa percepción de complacencia y de aplicación selectiva de la justicia.

Resulta alarmante el número de ex gobernadores cuya actuación está, al menos, bajo sospecha de corrupción, abuso de poder, conflictos de interés, lavado de dinero, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal o peculado, entre otros ilícitos. Toda una variedad de delitos, que bien tipifican las conductas de varios malos servidores públicos que, despreocupados, confían en ese terrible mal que nos caracteriza: la impunidad. Son muchos casos de irregularidades, suficientes para prender los focos rojos y llamar la atención sobre lo que está pasando en los gobiernos de los estados, cuyas autoridades parecen estar dispuestas a retar a quien se les ponga enfrente y pretenda poner límites a sus abusos.

Porque además de la voracidad en los afanes de enriquecimiento de estos personajes, existe un ofensivo cinismo que los lleva a presentarse en medios masivos de comunicación para alegar inocencia, denunciar motivos políticos en la acusación y anunciar su decisión de solicitar licencia al cargo, para facilitar la investigación, según declaran, cuando en realidad lo que buscan es una oportunidad para desaparecer y burlarse de la justicia, o bien, para asumir una integridad, de la que en realidad carecen, aceptando públicamente someterse a juicio, a cambio de acabar con la pesadilla que significa vivir como prófugo de la ley. En ambos casos, la pretensión es mostrarse ante la opinión pública como perseguidos políticos de un mal gobierno que los acosa injustamente, en una estrategia que le apuesta a la débil credibilidad que hay en las autoridades.

Varios de estos ex gobernadores, jóvenes con reconocimientos académicos y estudios de post grado en prestigiadas universidades extranjeras, han resultado hábiles en la aplicación de sus conocimientos pero para su beneficio personal, sin importarles juramentos o compromisos propios de la función del alto cargo asumido. Y de ideología, para que comentar, porque estos personajes florecen tanto en la izquierda como en la derecha o en el centro, así que ningún partido político se salva de contar en su filas con malos elementos.

Sólo para mencionar los que a últimas fechas han sido tema de noticias de primera plana por su pésimo desempeño, están los casos de ¡13 ex gobernadores! los de Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuahua, Sonora, Colima, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, y de tres, en funciones, de Querétaro, Guanajuato y Baja California, la mitad del total del país, acusados, algunos formalmente, por uno o varios de los delitos mencionados. Investigaciones derivadas de denuncias que no siempre logran armar casos y, cuando lo logran, caminan con pasmosa lentitud, para beneficio de los involucrados, que no pocas veces se salen con la suya para disfrutar del botín, producto de sus turbios gobiernos.

Resulta urgente, pues, poner freno a esta avalancha de malos servidores que han torcido los objetivos de la política y abusado del poder. Aquí están estos ejemplos con los que el SNA podría empezar y mostrar su utilidad, aunque quizás esto se dificulte por aquello de la no retroactividad de las leyes y entonces veríamos los efectos negativos de buscar la perfección a costa de perder la oportunidad.

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