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La más cara de la historia

Fecha: 7 de Julio de 2017

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Enterarnos que la elección de 2018 será la más cara de la historia, como lo han afirmado analistas y funcionarios electorales, no sorprende, pues esto se ha venido diciendo en cada nuevo proceso electoral federal. Y, claro, tiene su explicación, cuando el padrón electoral va en continuo aumento, lo que supone mayores recursos para la instrumentación y operación de estos procesos.

Habría que insistir, sin embargo, en la necesidad de revisar a fondo algunos costos, como es el caso de las prerrogativas que establece la ley para el financiamiento de los partidos políticos que realmente resultan altamente onerosos y que, en algunos casos, lejos de dedicarlos a los objetivos que señala la ley electoral se pierden en la opacidad de su administración, convirtiendo a estos institutos políticos en espléndidos negocios particulares. Ejemplos sobran.

La buena intención del legislador no se pone en duda. En un escenario en el que se busca mayor equidad entre los actores participantes, más control y transparencia en el manejo de los recursos y evitar la entrada de dinero de dudosa procedencia en las campañas electorales, se consideró que con el financiamiento público se resolvía el problema. Y así, cada año, aunque no incluya actividad electoral, se incrementan los presupuestos destinados a las prerrogativas de los partidos, elevando desproporcionadamente el costo de nuestra democracia, sin que se pueda afirmar, con certeza, que con esto haya quedado blindada la actividad electoral contra el dinero mal habido.

La ley contempla el financiamiento público, esto es, el dinero de nuestros impuestos, para apoyar a los partidos políticos en tres rubros: Para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, o sea, su operación cotidiana; para los gastos de campaña, que en rigor se les deberían entregar sólo en época de elecciones, pero en la práctica se les otorgan cada año, y para actividades específicas, como la formación de liderazgos femeniles y juveniles, capacitación, investigaciones socioeconómicas y políticas y en tareas editoriales. Con esto se busca preservar el fortalecimiento de un régimen de partidos que cada vez decepciona más y pierde credibilidad entre la población. Además de que hay dudas de que todos los partidos políticos apliquen, efectivamente, los recursos en los conceptos que determina la ley.

Sólo para el tema de gastos de campañas, se dice que en la próxima elección, los nueve partidos con registro recibirán 2 mil 138 millones de pesos, 27 por ciento más que en la elección presidencial de 2012, cuando se les entregaron mil 680 millones. En aquella ocasión, el monto total de las prerrogativas ascendió a 5 mil 142 millones de pesos. Para la de 2018, aun no se sabe cuál ser su costo, pero, por lo pronto, ya nos están preparando para la mala noticia, al advertirnos que será la más cara de la historia.

La desaprobación pública de los manejos millonarios que disfrutan los partidos políticos, hizo que algunos senadores del PAN y del Partido Verde Ecologista plantearan, allá por el mes de febrero, una iniciativa de reforma constitucional para reducir, en un 50 por ciento, las prerrogativas de los partidos. Un diputado independiente, Pedro Kumamoto, habría propuesto una iniciativa denominada Sin voto no hay dinero, que considera el cálculo de las prerrogativas en base a la cantidad de votos válidos emitidos y no en función al número de electores inscritos en el padrón. Y es que hay partidos que con dificultad alcanzan el mínimo requerido para mantener su registro y, sin embargo, reciben un financiamiento millonario que nada tiene que ver con su posicionamiento político ni su representatividad.

En este tema han coincidido, al menos de palabra, dirigentes del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que, en diferentes momentos han expresado su conformidad para que se ajusten los montos de las prerrogativas hacia la baja. Por supuesto que esos buenos deseos, en eso han quedado, pues a pesar del consenso, el tiempo transcurrió sin que se subiera la discusión de las iniciativas al Congreso durante el período ordinario de sesiones, por lo que, mañosamente, todo quedó pospuesto para un mejor momento que no podrá ser antes de que concluya el próximo proceso electoral.

Pero el tema, no obstante, seguirá siendo una piedra en el zapato para las organizaciones políticas, que no podrán batearlo por mucho tiempo, pues resulta difícil justificar semejantes gastos en un país con tantas carencias. Así que aquellas iniciativas tendrán que ser retomadas y discutidas, aunque económicamente no les convengan, para congraciarse con un electorado que, más pronto que tarde, les pasará la factura en las urnas.

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