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CCE dice que no se escucho a sociedad para revisar delitos fiscales

El Consejo Coordinador Empresarial lamenta que, para la aprobación del dictamen sobre delitos fiscales, el Legislativo no haya tomado en cuenta las diversas voces de la sociedad que, en forma oportuna, alertaron sobre las consecuencias negativas que esta reforma tendrá sobre la certidumbre jurídica y la inversión productiva formal en el país. Así lo advirtieron, de manera contundente y sustentada, especialistas, colegios de abogados, contadores públicos, academia y los sectores productivos, y a pesar de ello no se realizaron las modificaciones suficientes al dictamen para resolver dichos efectos.

Aunque en la etapa final del proceso, algunos legisladores de distintas fracciones parlamentarias fueron sensibles y promovieron ajustes en este sentido, lamentablemente no transitaron por no lograr los votos suficientes.

El CCE apoya firmemente la lucha contra la ilegalidad y la defraudación fiscal. La emisión o compra de facturas con operaciones simuladas es una práctica ilegal, y coincidimos en que debe aplicarse todo el peso de la ley a quienes incurren en este delito. Sin embargo, como hemos advertido durante estas semanas, la falta de precisiones de esta minuta generará un justificado temor en las empresas formales del país, de actos arbitrarios de la autoridad que pongan en peligro su integridad personal y sus bienes.

Para invertir, las personas y las empresas necesitan certeza y reglas claras que no dejen margen a abusos en la interpretación de la autoridad. Sin inversión, no será factible lograr las metas de crecimiento económico y de recaudación que nuestro país requiere, ni los niveles de bienestar a los que aspiramos como mexicanos.

Las audiencias públicas parlamentarias no deben ser simples formalidades, ni mucho menos simulación, sino que deben servir para nutrir y enriquecer el trabajo legislativo, que impacta a todos los ciudadanos.

Hacemos un respetuoso exhorto a las autoridades a implementar la nueva legislación de manera sensible y sensata, sin interpretaciones arbitrarias y con el firme propósito de sancionar a los verdaderos defraudadores, y no a los contribuyentes cumplidos. Combatir la ilegalidad y la defraudación es un fin loable que compartimos, pero es indispensable cuidar que en el camino no se violen garantías individuales ni se dañe el desarrollo económico del país.