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  Viernes, 23 Junio 2017

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La corrupción sigue siendo uno de los mayores males en nuestro país que, junto con la inseguridad, son dos de los temas que más preocupan a la población y que más lesionan nuestra imagen en el extranjero. Son dos pendientes que no se han podido frenar, a pesar de las diversas medidas legislativas propuestas que, por alguna u otra razón, recorren su proceso legislativo con una lentitud desesperante, como si se tratara de problemas menores que pudieran dejarse para mejores tiempos.

A partir de la iniciativa de ley presentada por el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, a través de la bancada del PRI, en noviembre de 2012, para crear la Comisión Nacional Anticorrupción, pasaron dos años y medio hasta que finalmente se concretó la reforma constitucional que creó, en mayo de 2015, el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

El aterrizaje de esta reforma, sin embargo, no ha sido fácil, a pesar de la coincidencia que, suponemos , existe entre todas las fuerzas políticas, los poderes fácticos, la sociedad civil, intelectuales, etc. sobre la necesidad de combatir este mal. Y es que, si bien hay coincidencia en el fondo, las diferencias abundan en cuanto al cómo, y aquí es en donde surgen las dificultades que impiden que los buenos propósitos se hagan realidad.

Hay preocupación e indignación ante los escándalos de corrupción que un día sí y otro también surgen tras los cambios de gobierno, particularmente, cuando se da la alternancia. Esta consecuencia de la madurez democrática que, poco a poco, va ocurriendo con mayor frecuencia en nuestro país, habría de obligar, a quienes dejan el poder, a tener un mejor desempeño del cargo, cumplir con sus obligaciones, ser más conscientes de las responsabilidades que asumen y, sobre todo, a ser más pulcros en el manejo de los recursos públicos, pues siempre existirá la posibilidad de que quienes los sustituyan revisen su actuación y les exijan cuentas. Por supuesto que lo ideal, es que esto no responda a un mero revanchismo o persecución política.

En el informe sobre percepción de la corrupción a nivel mundial correspondiente a 2016, publicado por Transparencia Internacional, nuestro país aparece en lugar 123 de 176 países evaluados, con 30 puntos en el índice de percepción de corrupción, en el que 0 significa que un país es percibido como altamente corrupto y 100, como muy limpio. Dinamarca es el mejor posicionado con 96 puntos y Somalia el peor, con 10 puntos. En nuestro continente, Canadá encabeza la lista, en el noveno lugar y, de los países latinoamericanos, Uruguay es el puntero, en el lugar 21.

Con su posición actual, México perdió 28 lugares respecto de su calificación del año anterior, 2015, cuando estuvo en la posición 95 con 35 puntos en el índice de percepción de corrupción. La mejor calificación, coincidentemente en el año en que se publicó la reforma constitucional anticorrupción. En contra, habría que señalar que el de 2016 es el peor registro que ha obtenido nuestro país en los últimos cinco años (2012 estuvimos en el lugar 105; en 2013, en el 106; en 2014, en 103).

Esto debería llamar la atención y alertar a quienes continúan en las eternas discusiones sobre detalles de las leyes secundarias o sobre los perfiles de quienes deberán ser los responsables de aplicar las normas legales, y esforzarse en lograr los acuerdos necesarios para poner en práctica el Sistema Nacional Anticorrupción. Porque en aras de la perfección, el país se hunde entre corrupción e impunidad, y sobran los ejemplos.

 

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