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  Domingo, 23 Abril 2017

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Ayer le comenté que la detención del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte se convertía en una gran oportunidad para que el gobierno mexicano demostrara que va en serio contra todos aquellos que quebrantan las leyes.

Bueno, el Presidente Enrique Peña Nieto aprovechó la toma de protesta de la nueva dirigencia del Congreso del Trabajo para señalar que en su administración, las detenciones de los dos exgobernadores –que son de su propio partido el PRI- Tomás Yarringtón y Javier Duarte, son un mensaje firme del Estado mexicano contra la impunidad.

Un mensaje que va dirigido también a los actuales gobernadores para que le midan al manejo de su administración y de paso para los actuales ex gobernadores sobre los que hay acusaciones graves, incluso con órdenes de aprehensión.

Dicen los que saben que si Peña Nieto logra otra captura, sentará un precedente como el Presidente que actuó con mano firme para encarcelar a más de tres gobernadores por actos de corrupción y no políticos, una cifra histórica.

Que se convierte en el Presidente que dio origen de arrancar el proyecto del Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción para poner orden a todos esos casos de ladrones sin escrúpulos que mantienen cansada a la sociedad.

Desde luego que para los partidos que son adversarios políticos, no dan crédito que sea una acción pulcra en el combate a la impunidad e incluso hay quienes se aventuran a pensar que estas actuaciones lleva tintes electorales por las tres elecciones a gobiernos del estado en Nayarit, Coahuila y la cereza del pastel el Estado de México.

Por eso el Presidente si quiere revertir esa percepción, no le queda otra que seguir actuando con esa firmeza de limpiar a esos malos funcionarios o gobernantes, trátese del color que sea, pues quienes saquean sus estados y quienes roban recursos públicos que utilizan para vivir y pasearse como virreyes por el país, en una clara burla de impunidad, no pueden ser tratados más que con el color de la justicia.

 

Reformar Telecomunicaciones. Desde luego que no es cosa ligera y si muy en serio que los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias hayan destapado lo huecos que dejó la reforma de telecomunicaciones que se promulgó en 2014, sobre todo en lo relacionado a los excesos de regulación a las transmisiones de la radio y la televisión.

Sin embargo, a tres años de que se publicó esta reforma, los diputados con sus coordinadores de las fracciones parlamentarias, César Camacho del PRI, Marko Cortés del PAN, Francisco Martínez Nery del PRD detectaron oportunidades para corregir algunos aspectos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y generar un nuevo consenso entre autoridades y la industria para establecer los mejores mecanismos de protección a las audiencias. Desde luego que también están atentos en el Senado de la República que preside Pablo Escudero, puyes ahí han seguido muy de cerca el desempeño del IFETEL.

Ante el riesgo de que el tema se enfríe, es de celebrar que sean los legisladores los primeros en rectificar, y con la intención de evitar que el propio Estado tenga un comportamiento arbitrario con los medios de comunicación, propongan una iniciativa de reforma, la cual, a falta de ser aprobada por el pleno, elimina cualquier intención de limitar las libertades de expresión y de información.

Esta iniciativa deja sin tocar los derechos de las audiencias, pero sí parte de garantizar la libertad de expresión, eliminando aspectos tan subjetivos como perjudiciales destacando el caso de la obligatoriedad a los medios de comunicación, distinguir constantemente entre información y opinión, bajo la amenaza de que las multas asciendan hasta el 3% de sus ingresos anuales o la suspensión preventiva de transmisiones.

Es totalmente falso que la propuesta transgreda los derechos de las audiencias, más bien corrige que los logros en materia de libertad de expresión, no se vean dañados y sujetos a facultades discrecionales.

La solidez financiera que goza el Infonavit y que permitió con ello un incremento de hasta el 70 por ciento al crédito, que suma millón y medio de pesos, más menos, ha sido un logró significativo para beneficiar a los trabajadores, obviamente que ese avance valió el reconocimiento del propio Presidente Peña Nieto. Desde luego que eso ha sido posible a la Política de Vivienda del Gobierno y los tres sectores que integran este instituto que dirige David Penchyna, pues la realidad es que han tenido la sensibilidad para acordar en aras de mejorar la calidad de vida de todos los empleados.


Miguel Angel Mancera atestiguó, junto con Humberto Castillejos, jurídico de la Presidencia; Felipe Solís Acero, de Enlace Legislativo de Segob, y el presidente de la ALDF, Leonel Luna, la toma de protesta como nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Alvaro Pérez Juárez. Desde luego que vio con buenos ojos el primer mensaje como mandamás del Poder Judicial: que su compromiso con la justicia está alejado de los colores políticos y fronteras partidistas. Son frases que de cumplirse al pie de la letra, generan confianza al ciudadano común y corriente. Entonces la idea que lleva es consolidar el Estado de derecho que México reclama.

 

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