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Michoacán, un estado casi fallido

El actual panorama de Michoacán, ciertamente difiere mucho del que se veía hace apenas unos pocos meses. Sin poder afirmar que el estado volvió a la normalidad, habría que reconocer que la decisión  presidencial de brindar todo el apoyo necesario al gobierno de esa entidad, permitió avanzar en el combate a la delincuencia, con éxitos concretos, restaurar poco a poco el estado de derecho, que prácticamente se había perdido, además de librar a la entidad, al menos por el momento, de una crisis política que hubiera agravado, aún más, si esto fuera posible, los problemas de la entidad.

Y es que la frágil condición de salud del gobernador Fausto Vallejo, sus licencias, el interinato a cargo de un sospechoso personaje, las autodefensas, y un crimen muy organizado, constituían un explosivo coctel, a punto de estallar. Había que tomar medidas urgentes para atajar y atacar la inseguridad y la violencia, que lucían incontenibles. Ya en la administración del presidente Felipe Calderón se había intentado, infructuosamente, poner orden en el estado, y ante el fracaso, surgieron las autodefensas, que, aunque con buenos propósitos, añadirían un elemento más, a la ya de por sí compleja problemática estatal.

Michoacán estaba prácticamente perdido. Los grupos criminales se lo disputaban como botín de guerra, y además de las extorsiones, robos, secuestros, violaciones y ejecuciones, con lo que sometían a una población amedrentada, habían definido una estrategia para apoderarse del  estado, cooptando a las autoridades e infiltrando personajes de sus mafias en cargos públicos y en puestos de elección popular.

En esto, habían avanzado mucho, si consideramos que en varios municipios hay pruebas de la complicidad de sus alcaldes con las organizaciones criminales. Recordamos  a un diputado que logró tomar posesión de su cargo, a pesar de las denuncias en su contra y para vergüenza de varios legisladores, que al poco tiempo desapareció ante las evidencias que mostraban su estrecha relación y complicidad con uno de los líderes de Los Templarios. Y el caso más grave, que se refiere a quien fue gobernador interino, hace sólo unos meses, acusado ahora por sus nexos con el crimen organizado.

Introducirse en la política, resulta la máxima aspiración de los cárteles de cualquier especie y país, pues esto les garantiza libertad de acción y absoluta impunidad. Para allá iban Los Templarios. Ya en su etapa anterior, a través de la Familia Michoacana, habían logrado, con éxito, tener una base social que los apoyaba, defendía y protegía, cuando era necesario. Les faltaba entonces, contar con la complicidad de los gobiernos municipales, que en varios casos, ellos mismos habrían recomendado y pagado sus campañas.

El otro nivel, el del gobierno estatal, les llevaría más tiempo. Aunque,  si son de considerar las grabaciones de supuestas conversaciones entre estos delincuentes, que en algún momento circularon en los medios, y en los que mencionaban al entonces secretario de gobierno, Jesús Reyna, como su candidato para sustituir al gobernador Fausto Vallejo, resulta que su plan casi les funcionó.

Por las condiciones en que se encontraba el estado, y tomando en cuenta la proximidad del cambio de gobierno, en 2015, era urgente, retomar el control de la entidad para llegar a las elecciones del año que entra, en condiciones mínimas de estabilidad política y social. En un  ambiente pacificado y con el sometimiento, al menos, de los principales cabecillas de los grupos criminales y el desmantelamiento de sus organizaciones. Tratando de evitar, en lo posible, la infiltración de sus cómplices en las candidaturas a los cargos de elección popular. Y digo, en lo posible, por la dificultad que hay  para detectar a quienes están vinculados con estos grupos.

El caso de las autodefensas merece un tratamiento especial. A la fecha se podría decir que cumplieron su objetivo y, por lo mismo, era momento de incorporarlas a la institucionalidad, para que actúen con orden y en la legalidad, al servicio de la población y bajo la autoridad del gobierno. En esta etapa, el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, ha actuado con sensibilidad, prudencia y tacto. No resultaba fácil convencer a las autodefensas a entregar sus armas, registrarlas fue una buena y práctica solución.

El tiempo permitirá identificar a quienes son auténticos autodefensas y quienes son infiltrados, ya que las acusaciones van y vienen entre ellos mismos, pero en realidad, esto ya representa una preocupación menor, ante la magnitud del problema enfrentado. Eso sí, habrá que aplicar mano dura en contra de aquellos  a quienes se les compruebe  vínculos con los grupos criminales, para prevenir el surgimiento de nuevos cárteles.