Desde que hace aproximadamente un año, cuando en el estado de Michoacán, miembros de la sociedad civil decidieron organizarse en grupos armados para defenderse del crimen organizado, ante la severa crisis de seguridad que padecían, los focos rojos del estado de derecho se encendieron. Y no porque la población carezca del derecho a organizarse para un propósito de esta naturaleza, la alerta se enciende porque toma las armas, las ostenta públicamente y busca hacerse justicia por su propia mano, ignorando la autoridad del Estado.
Entendemos el enfado de una población que, durante muchos años, se vio sometida y extorsionada de manera creciente, ante la pasividad, en el menos mal de los casos, o la complicidad, como se ha llegado a comprobar, de una autoridad irresponsable e incapaz de cumplir con la función para la que fue elegida o designada. Pero, la sustitución de funciones exclusivas de la autoridad, como son las responsabilidades de seguridad y protección a la población y el ejercicio de la fuerza pública, por parte de particulares, plantea graves violaciones a la ley y riesgos de incurrir en conductas que, lejos de resolver los problemas de inseguridad, agraven el estado de cosas.
En el caso michoacano, habría que reconocer que los llamados grupos de autodefensa resultaron efectivos en su objetivo. Seguramente los Caballeros Templarios y demás organizaciones criminales, no esperaban una reacción tan decidida de la ciudadanía, a la que suponían tener totalmente dominada, y grande fue su sorpresa cuando empezaron a contraatacarlos.
Hasta ahí, este delicado paso ciudadano, marchó relativamente bajo control, todavía ante la mirada pasiva y sorprendida de la autoridad local, más comprometida por sobornos y el temor que le infringían los grupos de malosos, que por el cumplimiento de la ley. Tuvo que llegar la Federación, en buen momento y a tiempo, para ubicar en su justa dimensión a estos grupos de autodefensa y a sus líderes, que ya se consideraban indispensables y únicos con capacidad para enfrentar al crimen organizado.
Esta incursión del Gobierno Federal, nos trajo el recuerdo del michoacanazo del presidente Felipe Calderón, un frustrado intento de su gobierno por combatir a los cárteles que asolaban esa entidad, con más ruido mediático que éxito en el objetivo. Así que ahora se requería de una estrategia eficaz que asegurara resultados en el enfrentamiento a estas organizaciones, lo que se logró, aunque todavía faltan por alcanzarse algunos de los objetivos propuestos.
Pero la desesperación, ante una inseguridad que se obstina en no ceder y que se multiplica en otras entidades de la República, además, por supuesto, de otras razones de carácter protagónico de algunos personajes, ha servido de coyuntura para un riesgoso e improcedente planteamiento: repetir la experiencia de las autodefensas en otras zonas del país. Esta fue la propuesta del “Primer Encuentro de Autodefensas Ciudadanas,” celebrado la semana pasada a convocatoria del Dr. José Manuel Mireles, fundador de las autodefensas en Michoacán, y varios activistas y religiosos.
Si bien, el modelo michoacano con las autodefensas ha funcionado, todavía no vemos el final, que tendrá que darse cuando absolutamente todos los ciudadanos, que formaron parte de estos grupos, estén incorporados a las fuerzas de seguridad, estatales o municipales o, bien, de regreso a sus hogares. En ambos casos, con el armamento entregado a la autoridad, como originalmente lo planteó el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo.
Y es que muchos ex autodefensas, poseen armas de uso exclusivo del ejército, lo cual está expresamente prohibido por la ley, además de que en la integración de estos grupos, se habla de infiltrados y colados, de origen incierto y antecedentes nebulosos. Así que más conviene su desarme, para evitar tentaciones y sorpresas.
Sin embargo, la etapa del desarme ha tenido sus tropiezos, y no está muy claro cuando se vaya a concretar, dada la abierta resistencia de algunos miembros de estos grupos a entregar sus armas. Esta rebeldía, es sólo uno de los muchos dolores de cabeza en que se pueden convertir las autodefensas, que tarde o temprano terminan actuando por la libre, sin más control que el que ellos mismos se dan, y sin ningún respeto a la ley ni a la autoridad.
Por esto, convocar a una “gran alianza social,” con planteamientos como la creación de una ley de Guardia Nacional que faculte a los ciudadanos a hacerse justicia por propia mano, como se propuso en el Encuentro de Autodefensas, constituye una aberración y un desafío al estado de derecho y al gobierno mismo.
Pensar en grupos de civiles armados circulando por todo el país, sólo se le puede ocurrir a un contradictorio personaje como el Dr. Mireles, que, desconocido ya por su propia gente como vocero de las autodefensas de Michoacán, busca afanosamente la atención mediática, y si para lograrlo, es preciso una disparatada ocurrencia como la creación de un movimiento nacional de autodefensas, ya vimos de lo que es capaz.
Allá quien caiga en el engaño y lo tome en serio.
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