La terrible información obtenida de la declaración de tres integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, capturados hace un par de semanas, acaba con la expectativa fundada en la esperanza, más que en otra cosa, de encontrar con vida a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado. Y es que, en la medida en que el tiempo pasaba, sin que las investigaciones aportaran mayores indicios sobre la posible localización de estos jóvenes, era de esperar un desenlace fatal.
Sin embargo, para los familiares, esta versión, sin las evidencias científicas que permitan confirmar, sin lugar a dudas, el fallecimiento de los normalistas, no les resulta aceptable, y reclaman ahondar las investigaciones y continuar la búsqueda de los jóvenes. Tampoco la autoridad cierra el caso con el testimonio de los detenidos, y han señalado que se realizarán estudios de ADN en la Universidad de Innsbruck, en Austria, de los restos encontrados, para determinar si efectivamente se trata de los estudiantes desaparecidos, señalando que, en tanto se obtienen estos resultados, la búsqueda y las investigaciones no se suspenderán.
La condena a estos hechos criminales es general. Y es de esperar que todos los responsables involucrados sean juzgados y severamente castigados. Así lo espera la sociedad y es compromiso de la autoridad.
Por eso resulta lamentable, que haya quienes pretendan aprovechar el dolor de unos, y su justificado enojo e indignación, para obtener raja política, buscando confundir el odio de los agraviados para hacer aparecer como responsable al titular del Ejecutivo Federal, en lugar de dirigirlo a los verdaderos culpables. Los del crimen organizado, los Guerreros Unidos y sus cómplices y parientes, las autoridades municipales, que son quienes dieron la orden de secuestrar a los estudiantes. Hecho, que ha quedado plenamente acreditado en los testimonios y confesiones de los investigados.
El ambiente está agitado y candente. Como un arma de la sociedad, se ha ejercido a plenitud el derecho de manifestación. Una efectiva vía para expresar la indignación y el enojo de los afectados y de quienes se han solidarizado con ellos en su dolor. Las marchas pacíficas han tenido un gran impacto entre la población, cumpliendo su cometido de hacer público su reclamo de justicia.
La autoridad, por su parte, ha sido respetuosa de este derecho; sin embargo, no han faltado actos vandálicos de parte de grupos no identificados, que se cuelan entre los manifestantes. Actos provocadores que buscan la reacción de las fuerzas del orden, para reclamar represión y brutalidad policíaca y así, encender más los ánimos en contra de la autoridad.
No es posible que los excesos de estos sujetos encapuchados, como los actos realizados el sábado pasado en el zócalo capitalino o los bloqueos de carreteras, los saqueos a almacenes, lesiones a policías y otras conductas francamente delictuosas, sean considerados, por algunos personajes políticos, y sus voceros mediáticos, como justificables y que además le atribuyan la responsabilidad de todos estos desórdenes al Gobierno Federal.
Se juega con fuego, cuando hay quien manipula la voluntad popular y propone como solución de todos los males, la renuncia del Presidente. A estos acelerados, está claro que lo que menos les interesa es lo que suceda con el país, porque su preocupación mayor son sus propios intereses, que no necesariamente tienen que coincidir con lo que le convenga a la Nación.
Son los pescadores a río revuelto, los que buscan que los expedientes se mantengan abiertos, para justificar sus reclamos. No pueden alcanzar el poder por la vía democrática, así que buscan otra oportunidad en el caos. De estos tenemos que cuidarnos y estar alertas de sus intenciones.
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