Para nadie es un secreto que la OCDE publicó un diagnóstico integral sobre la situación actual de las telecomunicaciones mexicanas, desarrollado como para el resto de los países miembros que lo solicitan, con una robusta metodología que desarrollaron y afinan desde hace décadas y con información oficial provista por cada gobierno. ¿El resultado? Un ejercicio comparativo que remata con recomendaciones especificas para el desarrollo del sector y la maximización del bienestar del consumidor, basados en el fomento de la competencia efectiva.
Se trata de un estudio que pone en blanco y negro los avances del sector, sin embargo, México aparece en rojo en varios aspectos referidos a la cobertura, calidad, competitividad de precios y grado de competencia.
Pero si es una “jalada de los pelos” ¿Por qué se desencajan tanto algunos? Por eso llaman la atención las reacciones desencajadas e inmediatas para descalificar este diagnostico.
Amigo lector, si tu medico te diagnostica sobrepeso, presión alta, colesterol, etcétera, ¿Qué haces? Seguramente no descalificar sus capacidades profesionales ni sus instrumentos, sino que atiendes las causas. ¡Espero!
Sería aun más preocupante que hubiera pasado inadvertido este ejercicio que, a decir verdad, no nos dice casi nada nuevo que no supiéramos y padeciéramos de nuestro semitrabado sector. Pero lo hace con metodología robusta, objetividad e imparcialidad (aunque a algunos parezca una “jalada de los pelos”) como lo ha practicado con otros países que han buscado y obtenido la afiliación a esta respetable organización, por cierto, encabezada hoy día por un admirable profesional mexicano, José Angel Gurria.
Si alguien en su sano juicio y con alguna experiencia considera que nuestras telecomunicaciones se encuentran en buenas condiciones para lo que la sociedad y el aparato productivo mexicano necesitamos, pues lo lógico será desatender sus recomendaciones, con prontitud, espero.
Pero eso no debe ser posible en un mercado altamente concentrado donde el operador incúmbete de telefonía fija mantiene 80% de las líneas, el de telecomunicaciones móviles mantiene 70% de las mismas y el principal operador de banda ancha mantiene 66% de las conexiones.
Como resultado, México mantiene los niveles más bajos de penetración entre todos los países analizados en todos los servicios, dejando sin acceso a una gran cantidad de mexicanos. Es importante destacar que el mayor afectado de dicha situación termina siendo el consumidor, que recibe servicios de mala calidad y a los precios más elevados. Dicho análisis muestra que la pérdida en el excedente del consumidor atribuible a las deficiencias de la industria; en parte por los cobros excesivos y en parte por las suscripciones que no se realizaron, representa un total de 129 mil millones de dólares entre 2005 y 2009, equivalente a 1.8% del PIB nacional al año.
Entre los elementos más importantes del documento son las acciones concretas que propone para mejorar la situación actual de la industria. Estas recomendaciones de política sectorial se dividieron en tres grandes apartados.
En primer lugar, asegurar la eliminación de barreras de entrada al mercado. Al respecto, las principales recomendaciones fueron: la eliminación de barreras a la Inversión Extranjera Directa, es decir, la apertura en todos los segmentos de la industria. Creación de medidas efectivas que promuevan la sana competencia al interior del mercado, por medio de instituciones fuertes que puedan exigir su cumplimiento.
En segundo lugar, propone hacer un cambio en los procesos regulatorios que se traduzca en mayor transparencia, no discriminación hacia los nuevos operadores y la aplicación efectiva de la regulación existente. De este punto surge la necesidad de un marco regulatorio eficiente para exigir el cumplimiento de sus obligaciones a los operadores, así como la publicación periódica de la calidad de los servicios ofrecidos, para que los consumidores puedan elegir las opciones que más convengan a sus intereses. Finalmente, se pone el énfasis en la necesidad de fortalecimiento de la COFETEL como órgano regulador con plena autonomía, para evitar la “doble ventanilla” con la SCT.
En tercer lugar, se hace hincapié en reformar la legislación existente para estimular un aumento real en la competencia. Entre estos cambios, se insiste en aumentar la capacidad de la COFETEL para determinar las tarifas de interconexión ex ante, evitar la discriminación en la industria así como poder determinar la dominancia de los operadores e imponer las sanciones correspondientes.
Pero la verdadera pregunta es: ¿Por qué el mismo gobierno no hace un análisis de este tipo? O mejor aún ¿Por qué no se implementan estas recomendaciones?
La lectura de este documento deja ver una serie de variables que pueden ser exógenas a la política; las variables endógenas, en cambio, son producto más bien de la falta de voluntad política. En otros países, estas recomendaciones son tomadas en cuenta en pro del desarrollo, esperemos que aquí también estas recomendaciones se traduzcan en acciones regulatorias que transformen a la industria mediante el aumento en la competencia efectiva.
