El tema de la seguridad se presenta como el gran termómetro para medir la eficacia del próximo gobierno.
A pesar de las críticas, que no han sido pocas, se debe reconocer que en la administración que esta a unas semanas de concluir se lograron algunos avances en el combate al crimen organizado.
Prueba de ello es que ninguno de los partidos políticos es de la idea de dar marcha atrás a la lucha frontal al narco, lo que confirma que las medidas emprendidas por Felipe Calderón Hinojosa fueron acertadas, aunque queda claro que la estrategia futura será motivo de algunos ajustes por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.
Y es que ya desde ahora expertos en la materia como Alejandro Desfassiaux, presidente de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial (MSI) anticipan que no será lo económico el principal derrotero del próximo Presidente de la República sino el restablecimiento de la seguridad.
Para Desfassiaux entre los avances alcanzados en los últimos años destaca la promulgación de la Ley Federal de Seguridad Privada que sienta bases para tratar de reordenas el tema de las policías.
Se calcula que en el país existen entre policías federales, municipales y lo que se conoce auxiliar más de 300 mil elementos, muchos de ellos con poca capacitación, mal remunerados que difícilmente pueden hacer frente al reto del crimen organizado que dicho sea de paso, además de bien armado se ha tecnificado.
La propuesta del también expresidentes del Consejo Nacional de Seguridad Privada es avanzar hacia el mando único de las policías en una especia de guardia nacional que permita salvar muchos de los espacios que han perdido los gobernadores y depurar el total de policías a unos 100 mil elementos mejor preparados y también mejor pagados.
En ese sentido las firmas privadas tendrían un entorno más claro para actuar, ya que tener legislaciones estatales en materia de seguridad privada sólo han ocasionado confusión y poca eficiencia en la contratación y prestación de servicios.
La propuesta además regularizar a los más de 140 mil policías complementarios ó policía auxiliar que operan en casi todos los estados ejerciendo actividades que no les corresponden, y acaparando hasta el 60 por ciento del nicho de seguridad privada, lo que ha servido únicamente para incrementar la caja chica de los gobiernos estatales con millones de pesos, de los cuales no se tiene un manejo ni un destino claro.
Otras propuestas para el próximo gobierno son:
• Consolidar que la Ley Federal de Seguridad Privada se establezca como órgano normativo del sector
• Exigir procesos de certificación de calidad en las empresas de Seguridad Privada, que además de contar con el permiso obligatorio por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, formen parte del CNSP, como agremiados, para garantizar que son una empresa seria y profesional y evitar la proliferación de “empresas patito”.
•Realizar convenios de colaboración con todos los Estados.
• Posicionar al sector de Seguridad Privada como colaborador de la Secretaría Pública y diferenciarlo perfectamente de las Policías Complementarias, que no son ni públicas ni privadas, y que sólo representan la caja negra de los gobiernos estatales.
• Reconocer a nivel nacional, que las empresas de Seguridad Privada que ya cuentan con el permiso Federal de operación, no necesitan ninguno local para operar.
