La opacidad en la autorización de casinos hace necesaria una política de Estado para regular esa actividad.
Ha llamado la atención que uno de los cuestionamientos a la pasada administración se presente el manejo que se dio a las casas de apuesta, sin soslayar claro que el reciente informe de la Auditoria Superior de la Federación arroja que si bien el PAN históricamente cuestionó la corrupción de otros sexenios los del blanquiazul no cantan mal las rancheras.
En México operan unos 300 casinos legales, pero están vigentes permisos para poner en operación al menos 688, pero la industria considera que de reformarse la Ley Federal de Juegos y Sorteos que data de 1947 y que tuvo su reglamento apenas en 2004 se podrían captar más de 10 mil millones de pesos en impuestos al año por esa actividad.
Los casinos el año pasado entre IEPS y aprovechamientos significaron al fisco más de mil 400 millones de pesos y ha sido también un imán para atraer inversión extrajera y, por supuesto, generar nuevas fuentes de empleo.
Empero, en las últimas semanas ha resaltado la falta de transparencia en el otorgamiento de permisos para abrir casas de apuesta, en especial en la última parte del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y donde se cuestiona la gestión de Roberto Gil, Juan Marcos Gutiérrez y Obdulio Ávila como subsecretarios de Gobernación.
Pues bien, le puedo decir que Miguel Angel Osorio Chong ha instruido a su equipo en la secretaría de Gobernación para que lleve hasta el final la investigación sobre el tema, y de paso se limpie un sector que como le digo ya pinta en la recaudación de impuestos.
En ese tenor la Asociación de Permisionarios Operadores y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juego de Apuestas en México, AC (AIEJA) que preside Miguel Angel Ochoa Sánchez ha cerrado filas entre sus afiliados y en días pasados se reunión con la nueva directora de Juegos y Sorteos, Marcela González Salas Petricioli para manifestarle que existen empresas serias en ese sector que están dispuestas a seguir invirtiendo, pero que es necesario hacer frente a las irregularidades con los permisos de casinos y sobre todo se debe cerrar el paso a las casas de apuesta clandestinas.
Ochoa planteó a la directora de Juegos y Sorteos la conveniencia de tener una política de Estado para regular el negocio del juego, ya que ese sector puede significar flujos de inversión extranjera relevantes para México, tal y como ocurre en otros países siendo unos de los proyectos más significativos el complejo de casinos que se construye a las afueras de Madrid y que ni de lejos se le vincula ni al lavado de dinero, el tráfico de drogas y a la prostitución.
