– Subsidios y reservas, la expectación
– Invi-DF, el oscurantismo
– Abusos con domiciliación de pagos
A la desarrolladora de vivienda Homex, una de las ya conocidas como las cuatro fantásticas del panismo, ni las cárceles le salvaron de la ruina financiera por que la que atraviesa.
Homex, que preside el empresario Eustaquio de Nicolás, se aventuró en los últimos años a construir centros penitenciarios y los convirtió, por encima de las viviendas, en sus productos estrella, porque le resultaron más redituables.
Ahora, la empresa cuyas acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, sigue el camino de Urbi y Geo, pues apenas la víspera informó que incumplió con el pago de intereses de deuda programado para el martes 11 de junio.
Homex justificó en un informe remitido a la BMV que se apegó al periodo de gracia de 30 días, de acuerdo con el contrato bajo el cual se emitieron los pasivos, es decir sus “Notas de con Garantía de Vencimiento al 11 de diciembre de 2019”, y cuyo rédito se fijó en 9.50 por ciento.
Esta es la primera vez que Homex anuncia un incumplimiento de pago y sus estimaciones apuntan a que con la venta de su participación en los Centros Penitenciarios Federales en Morelos y Chiapas al Grupo Financiero Inbursa e Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), de Carlos Slim Helú, por 4,000 millones de pesos, espera hacer un prepago de deuda por 2,000 millones.
Los otros 2,000 millones los utilizaría la desarrolladora para capital de trabajo en la división México.
Apenas el pasado 30 de mayo, la empresa contrató a JP Morgan Securities LLC como asesor financiero para evaluar la situación actual de la compañía y las diferentes alternativas para fortalecer su situación financiera.
Al cierre del primer trimestre del año, la compañía reportó una disminución de 46.2 por ciento en sus ingresos totales, mientras que la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, cayó 51.7 por ciento a tasa anual, y su utilidad se desplomó 88.7 por ciento
Subsidios y reservas, la expectación
Mientras las grandes desarrolladoras siguen en su entrampado financiero, Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano continúa recorriendo el país anunciando que, ahora sí, el gobierno federal comenzará a soltar el presupuesto federal, vías subsidios, para no detener a la industria de la vivienda y dar certidumbre, dice, a quienes participan en ella.
Si empacho, anunció la aplicación de los subsidios y apoyos en todos los programas sociales, pues según el funcionario, la dependencia a su cargo está en condiciones de instruir la entrega de dichos recursos y apoyos a todos los programas sociales.
El tema de los subsidios, junto con el espinoso asunto de las reservas territoriales intraurbanas, son dos temas que mantienen a los desarrolladores de vivienda a la expectativa, pues sólo esperan las nuevas reglas de operación para saber por dónde moverse, o si de plano se por la libre.
De acuerdo con lo expuesto por Ramírez Marín, el gobierno federal pareciera tener claro el tema de la política de vivienda en este sexenio, pues según dijo, el tema de las reservas intraurbanas es fundamental porque con este registro se garantiza que los ciudadanos con menor poder adquisitivo van a tener un espacio dentro de las ciudades.
“No vamos a permitir —insiste el titular de la Sedatu–, que quienes ganan menos de 5 salarios mínimos sean relegados a la periferia por el simple hecho de no contar con recursos suficientes”. La duda a despejar aquí es si la tierra y la construcción de vivienda dentro de las ciudades se abaratará para lograr el anhelo gubernamental.
Invi-DF, el oscurantismo
Todo para indicar que la administración pasada del Instituto de Vivienda del DF se pondrá dentro de poco tiempo en el ojo del huracán, ante el cúmulo de denuncias y quejas de algunos constructores que se sintieron relegados del negocio por el el exdirector del INVI, José Antonio Revah.
Y sea dicho de paso, lo cierto es que en ese organismo, brazo de la política social del Gobierno del DF, desde siempre ha privado el oscurantismo y el clientelismo político para el jefe de gobierno en turno.
Por ejemplo, se ventiló en algunos medios de comunicación de la capital del país, que el señor señor Servando Montoya Tinajero, fue ell constructor de vivienda consentido de Revah Locouture, pues en los útimos cinco años, el ex director del Invi-DF le otorgó contratos por 2, 370 millones de pesos.
Montoya Tinajero, según documentó el diario Impacto, trata ahora de seguir con la racha de consentido en el sexenio de Miguel Angel Mancera.
El Invi actualmente está bajo la dirección del ingeniero Raymundo Collins, a quien se le considera como un eficiente operador político que se mantiene de bajo perfil y quien en el sexenio de Marcelo Ebrard, fungió como director de la Central de Abasto.
Abusos con domiciliación de pagos
Hay un tema que ha pasado desapercibido en la defensa de los usuarios de los servicios financieros y que tiene que revisarse y corregir para evitar abusos que realizan múltiples empresas, sobre todo de servicios, con el apoyo de los bancos comerciales.
Estamos hablando de la domiciliación de pagos que es un acuerdo entre un cliente y una empresa para que se cargue mensual o periódicamente el pago de un servicio contratado a una tarjeta de crédito o una cuenta de cheques, por ejemplo la televisión satelital, por cable, los teléfonos, colegiaturas, internet, revistas, seguros, etcétera.
Cuando los servicios contratados son de alta calidad, entrega oportuna y acorde con las necesidades de los clientes, es una gran herramienta para estar al corriente en los pagos, evitar la suspensión de los servicios por olvidos y de gran apoyo administrativo para las empresas y la intermediación bancaria. Incluso la domiciliación de pagos es un gran promotor de la inclusión financiera.
El problema surge cuando el cliente decide cancelar un servicio simplemente porque así es su voluntad o por el demérito en la calidad del mismo, las empresas ponen todas las trabas y hacen todo lo posible por alargar los plazos y cobrar hasta cuando se les da la gana.
Incluso algunas publicaciones y seguros hacen caso omiso de las cancelaciones de los clientes, y siguen enviando las revistas y pólizas, cobrando a lo “chino” a través de la domiciliación.
Lo peor es que cuando los clientes acuden a los bancos a cancelar la domiciliación y pedir que ya no permitan el cargo por determinada empresa, éstos les dan la espalda, rechazan las peticiones y permiten que se continúe virtualmente defraudando a la gente. Argumentan que sólo pueden cancelar si se los ordenan las empresas.
En tiempos de análisis legislativo de la Reforma Financiera, que incluye el fortalecimiento de la Condusef que dirige Mario Di Costanzo, se debe reglamentar la obligación de los bancos para que cancelen de inmediato la domiciliación de pagos cuando así los pidan sus clientes y dejar de ser cómplices de múltiples abusos.
