Cuando arrecian las protestas en defensa del agua en Sonora una autoridad federal estaría por avalar el Acueducto Independencia.
Ya le he comentado que el stress hídrico que encara al menos un tercio del país obligará en los próximos años a la inversión de grandes obras de infraestructura para tener un mejor uso del agua e incluso ya es factor para tomar medidas de alto costo político.
Una de esas medias ha sido la intención de llevar agua del Valle del Yaqui destinada a la agricultura a Hermosillo, básicamente con la finalidad de soportar el crecimiento urbano de esa ciudad.
El proyecto polémico por dónde quiera verlo ha puesto a prueba al gobierno panista de Guillermo Padrés Elias, quien contra viento y marea ha tratado de convencer a los sonorenses de los beneficios del Acueducto Independencia que se estima tiene un avance de 85 por ciento.
Pues bien, la nota es que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que tiene como mandamás a David Korenfeld Federman estaría por avalar dicha obra como parte de una serie de recomendaciones al gobierno de Padrés Elias para mejorar la gestión del agua, entre ellas avanzar en las obras para el tratamiento de un recurso que cada vez será más escaso y que obliga a terminar con el despilfarro.
Digamos que desde el punto de vista técnico la Conagua no objetaría la obra.
Empero, habrá que recordar que la legalidad del Acueducto Independencia ha sido cuestionada en tribunales e incluso ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un proyecto que lleva el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Añada que existen al menos siete amparos diversos en otros tantos tribunales, lo que llevaría a dilatar una resolución judicial por varios meses y en una de esas el pleito se va hasta el 2014.
Sobra decir que la obra referida ha significado un lastre financiero para el gobierno de Padrés Elias ya que ha implicado invertir mil 100 millones de pesos y ha orillado al panista a aplicar más impuestos, aunque se considera que una vez que funcione el acueducto significará ingresos anuales a la entidad por unos 3 mil millones de pesos por el cobro de derechos, lo que por un lado haría la obra autofinanciable, y lo más importante, permitiría al gobierno estatal realizar inversiones de corte social que ha requerido la población sonorense por años.
Y bueno, el tema político no es ajeno a la “guerra del agua” en Sonora, por lo que los tiempos que alcance el pleito en tribunales serán claves en la medida en que vuelvan a darse elecciones en dicha entidad, aunque puede dar por un hecho que el próximo gobierno del color que sea utilizará la obra para garantizar el abasto de agua a Hermosillo.
