· Representantes de los sectores que integran la cadena productiva de la agroindustria azucarera y refresquera señalaron de manera unánime que un impuesto adicional a refrescos no reduciría los índices de obesidad en México y, por el contrario, pondría en riesgo 540 mil empleos directos y más de 3 millones indirectos que genera la cadena productiva de la caña de azúcar – refrescos.
· Incrementar el impuesto a refrescos propiciaría la caída de la demanda de azúcar por parte de la industria refresquera nacional, agudizando la situación crítica por la que atraviesan productores de caña e ingenios azucareros.
· El efecto negativo de un impuesto adicional afectaría, sobre todo, a la población con menores ingresos así como a comerciantes minoristas, para quienes la venta de refrescos representa entre el 25 y 30 por ciento de sus ventas totales.
La aplicación de un impuesto adicional a los refrescos, como una medida para contrarrestar la obesidad, no resolvería este problema de salud pública en México y, por el contrario, tendría un efecto económico regresivo que afectaría a la población con menores ingresos, comerciantes minoristas, industria refresquera así como a todos los eslabones de la agroindustria azucarera nacional.
Por ello, la Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, la Unión Nacional de Cañeros, AC – CNPR; la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA); el Sindicato de Trabajadores de la Industria Embotelladora – CTM; el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana (STIASRM); la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), así como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Plutarco Elías Calles, AC (ANPEC), se pronunciaron en contra de una posible medida fiscal que consideraron inequitativa y desproporcionada, ya que pone en riesgo miles de empleos e importantes fuentes de ingresos económicos para el país, afectado de por sí por la desaceleración económica.
Al respecto, recordaron que el refresco es el único producto –de la categoría de alimentos y bebidas– de la canasta básica que ya paga IVA, por lo que la aplicación de un gravamen adicional a esta bebida eleva 40% su carga fiscal. Esta medida fiscal resulta inequitativa y desproporcionada, ya que afecta 14 veces más el ingreso real de las familias de escasos recursos, en comparación con el segmento poblacional de mayores ingresos.
Para el sector azucarero en México, el impuesto adicional propiciaría la caída de la demanda de azúcar por parte de la industria refresquera nacional, que representa el 20 por ciento del consumo interno del endulzante, y agudizaría la situación crítica por la que atraviesan productores de caña e ingenios azucareros.
Cabe destacar que la cadena productiva de la caña de azúcar – refrescos genera 540 mil empleos directos y más de 3 millones indirectos, con un valor de 350 mil millones de pesos, equivalente al 2.3 del PIB nacional. Asimismo, la recaudación tributaria de esta cadena representa 60,350 millones de pesos, es decir, el 4.1% de los ingresos tributarios.
Por otra parte, para los pequeños comercios, tiendas de abarrotes y misceláneas, la venta de refrescos es su principal fuente de ingresos, ya que representa entre el 25 y 30 por ciento de sus ventas totales.
Respecto al señalamiento del consumo de refrescos como causa directa de los altos índices de obesidad en México, los integrantes de la cadena productiva caña de azúcar – refrescos, coincidieron al señalar que no existe evidencia científica que respalde dicha aseveración. Por otra parte, tampoco hay antecedentes, en materia económica y de salud, que den sustento al impuesto a refrescos como una medida eficaz para reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares.
