· Otros responsables, además de “Manuel” e “Ingrid”
· La guerra por el crédito de nómina
· Spi, sospechas en programas sociales
Aún no concluye el proceso de aprobación total del paquete fiscal del 2013 y de entrada los expertos ya anticipan que tal como están las cosas y según lo aprobado por los diputados, en 2014 las complicaciones para los sectores productivos del país y por ende para la economía en general, continuarán sin cesar.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, organismo colegiado que ha recobrado su credibilidad dentro del sector económico financiero por la seriedad de sus análisis y propuestas, advierte que el paquete fiscal aprobado por la Cámara de Diputados para 2014, tendrá un impacto aún más recesivo sobre la economía mexicana.
Según el análisis del IMEF, el golpe de la reforma fiscal a la economía será equivalente a medio punto porcentual del Producto Interno Bruto, pero lo más grave es que se acentuará no la desaceleración de la economía, sino la recesión, que a decir del vicepresidente de Estudios Económicos del IMEF, Jonathan Heath, al cierre del tercer trimestre de este año aún no tocaba fondo.
Es evidente que la economía nacional requiere en estos momentos son acciones que impulsen su crecimiento, generen empleos, motiven las inversiones y la apertura de nuevos negocios en todo el país, pero tal parece que el efecto será totalmente inverso.
En medio de este ambiente adverso para la economía, los torrenciales aguaceros en todo el país han venido a complicar aún más las estrategias gubernamentales en materia de gasto, pues los números siguen sin cuadrar, ya que la reconstrucción de la infraestructura dañada por los huracanes y sobre todo la reedificación de las viviendas destruidas, pero ahora en zonas verdaderamente seguras, consumirán más recursos.
Hay más responsables
Y es que de acuerdo con el informe preliminar de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de las más de 20,000 viviendas afectadas por “Manuel” e “Ingrid” en el país, 13,700 están en el estado de Guerrero.
La Sedatu, que encabeza Jorge Carlos Ramírez Marín, ha contabilizado hasta el momento en distintos estados del país, un total de 20 mil 755 viviendas con afectaciones diversas, 4 mil 464 con daños menores y el resto sujetas a reubicación o reconstrucción.
Tan sólo en Guerrero, hay 13 mil 701 viviendas afectadas, y de ellas, serán construidas en su totalidad 9 mil 046, debido a que 3 mil 973 se destruyeron, 2 mil 157 serán reubicadas, mil 822 no cuentan con título de propiedad y otras mil 094 se ubican en zona federal.
Según los cálculos de la Sedatu, se requerirán más de 1,200 millones de pesos para las tareas de reconstrucción, de los cuales el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) aportará aproximadamente 500 millones y el resto de los recursos saldrán del presupuesto del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo).
Políticamente también se están perfilando otras acciones, a decir del propio informe de la Sedatu, pues además de “Manuel” e “Ingrid” el documento emitido por la dependencia federal adelanta que en breve dará a conocer los nombres de los presuntos responsables de la devastación, o sea aquellos que tuvieron responsabilidad en la autorización y financiamiento de desarrollos habitacionales en zonas no aptas para la construcción, menos para vivir.
Aunque, a decir verdad, algunos de esos nombres, políticos y empresarios muchos de ellos, ya han salido a la luz pública, sobre todo en la prensa local de Acapulco han sido ya perfectamente identificados.
Guerra por el crédito de nómina
La banca comercial se niega a compartir con los intermediarios financieros no bancarios el suculento pastel de los créditos de nómina, mercado que se ha expandido en los últimos años, centrándose en la burocracia y generando un serio problema de sobreendeudamiento familiar.
Producto de problemas estructurales de nuestro sistema financiero como es la concentración monopólica bancaria y la carencia de una regulación y supervisión a un gran número de sociedades financieras de objeto múltiple (sofomes) y otras empresas no bancarias, se libra una sorda y callada batalla por ese mercado.
En este sentido, resulta que los bancos están cancelando las cuentas de cheques de los intermediarios no bancarios con el pretexto de la prevención del lavado de dinero, sin embargo se dice que en realidad se busca bloquear su operación como oferentes de financiamientos de nómina, mercado en el que han crecido gradualmente.
Si bien no se cuenta con cifras altamente certeras debido a la casi informalidad con que operan algunas sofomes y otras empresas financieras, permitida por la autoridad que se niega a corregir el error de desregulación cometido en el sexenio de Vicente Fox, tenemos que la banca suma más de 129 mil millones de pesos a julio de este año, mientras que su competencia no bancaria ya alcanza más de 3 mil 500 millones de pesos.
Los bancos “lideres” o concentradores de este tipo de créditos son, en ese orden, Banamex, BBVA Bancomer, Banorte y HSBC, mientras que entre las sofomes e incluso sociedades anónimas tenemos a Crediempleado, Libertad Servicios Financieros, Caja providencia, Fin Común, Dimex, ProGente, Crédito Express, Más por ti, CredAC, Crédito Quince, Cibago Capital, entre muchas otras.
Las sofomes argumentan que han implementado sistemas y programas antilavado que son supervisados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin embargo los bancos hacen caso omiso a esto, por ello los acusan de que en realidad están cometiendo prácticas monopólicas y de anticompetencia.
Lo curioso es que recientemente la Condusef detectó 10 cláusulas ilegales y 17 cláusulas abusivas en distintos contratos de crédito de nómina emitidos tanto por bancos como intermediarios financieros no bancarios.
Entre estas prácticas se encuentra el condicionamiento del otorgamiento de un crédito a la contratación de otro producto o servicio, el cobro por adelantado de intereses aun sin que hubiese transcurrido el periodo en el que se generaron, el cobro inmediato del crédito de nómina en caso de dejar de laborar en la empresacargos y las cuentas de ahorro del cliente para liquidar créditos o comisiones por pagos anticipados.
En cuanto a las tasas de interés existe una gran disparidad sin embargo tanto en bancos como en intermediarios no bancarios, estamos hablando de un crédito caro, que en el mejor de los casos ronda el 30 por ciento y en el peor llega a casi 100 por ciento anual, y que regularmente es destinado al consumo de los trabajadores, lo que pone en riesgo el pago de otros financiamientos familiares como son el hipotecario, el automotriz, las tarjetas de crédito y otros.
Spi, sospechas en programas sociales
La empresa Soluciones y Programas Integrales (Spi) está despertando múltiples sospechas en el mercado de los corporativos que operan los programas sociales de los estados y municipios, a través de tarjetas prepagadas para adultos mayores, madres solteras, además de otros “negocios” como es la emisión de licencias, credenciales y otros productos que regularmente se prestan a “arreglos” en su adjudicación.
En este caso, resulta que nadie los conoce en ese ramo y de pronto le han dado contratos con los gobiernos de Gabino Cué en Oaxaca; Mario López Velarde en Sinaloa y en la pasada campaña del gobernador electo de Baja California, Francisco “Kiko” Vega. Lo peor de todo es que, para realizar su trabajo, solicita servicios a proveedores valiéndose de la recomendación de su empresa “hermana” GCL Comunicación pero incumple en su pago. Vaya desprestigio de ambos. ¿Los habrá recomendado Grupo Coppel, otro de sus clientes, con Malova? Es pregunta.
