· Luna de miel Canadevi-gobierno, en declive
· Advierten sobre desempleo y alza en vivienda
· Timoratos en regulación y supervisión
Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), es uno de los secretarios de Estado que más activos ha estado desde que inició la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Es también el personaje en cuya cartera recayó la responsabilidad del reordenamiento urbano y territorial de todo el país.
Lo mismo lo vemos un día en municipios de la frontera norte y al otro en el sur del país. Quizá su agitada actividad lo llevó a descubrir el hilo negro sobre los movimientos anormales que a lo largo de la historia se han gestado entre las autoridades estatales y municipales de todo el país y los desarrolladores de vivienda para construir enormes desarrollos habitacionales en zonas indebidas, algunas de ellas sobre cauces naturales de ríos, lagunas; cerros peligrosos no aptos para edificar, en fin, zonas de alto riesgo.
En recientes declaraciones, Ramírez Marín afirmó que hubo casos de corrupción para construir casas en donde no debió ser. ¡¡Qué gran descubrimiento del titular de Sedatu !!
Acaso no sabía el funcionario, luego del profundo análisis que se hizo desde hace varios años que la corrupción y su aceptación tanto de autoridades federales, estatales y municipales para permitir a los desarrolladores construir en zonas no aptas, era y es una constante y justo en temporada de lluvias afloran las desgracias por esta situación.
Acaso no sabe el secretario que el crecimiento desmedido de las llamadas “cuatro fantásticas”, o sea las constructoras de vivienda más grandes del país, entre ellas Geo, Urbi, Homex, que ahora están prácticamente en quiebra técnica, se debió en buena medida a la expansión de sus desarrollos sobre ese tipo de tierras, porque las adquirieron baratas y porque hacían cómplices a las autoridades locales. Eso ha sido una constante en el desarrollo habitacional del país.
Asunto de Estado
Por supuesto que habrá mucho qué investigar, como dice el funcionario, pero los asentamientos irregulares se han generado desde tiempos remotos, incluso auspiciados desde que los priistas eran los titulares del gobierno federal, antes del año 2000.
Las buenas intenciones del yucateco Ramírez Marín sobre la actualización del llamado Atlas de Riesgo, para focalizar las zonas en donde no se podrá construir nada y de que ya no se otorgarán permisos para ello, es algo que hemos escuchado de diversos funcionarios a lo largo de muchos años y que hoy nuevamente surge el discurso ante las desgracias ocurridas.
En este espacio hemos reconocido ampliamente el enorme trabajo y esfuerzo del titular de la Sedatu para llevar a cabo las acciones del reordenamiento agrario, territorial y urbano que buena falta hace en el país. Ojalá en esta ocasión, las acciones para tratar de evitar desgracias mayores cada que llega la temporada de lluvias, se hagan efectivas y exista una verdadera coordinación para detener el crecimiento desmedido de zonas habitacionales en lugares de alto riesgo.
Por el momento, y ya asumido como un asunto de Estado, Ramírez Marín anunció que en breve la dependencia a su cargo iniciará un programa de reubicación de familias que actualmente viven en asentamientos irregulares en zonas de riesgo. Para ello en días próximos se dará a conocer el censo de las personas que tienen sus casas en terrenos ubicados a menos de 250 metros de cauces de ríos o en las faldas de cerros con alto grado de inestabilidad y que son susceptibles de una reubicación.
Dio a conocer también que a principios de noviembre se firmarán convenios con los ayuntamientos de las 90 ciudades más importantes del país, para evitar que se otorguen permisos de construcción en zonas donde exista riesgo para la vida humana, con base en los datos del Registro Nacional de Reserva Territorial, del Registro Único de Vivienda y del Inegi.
Luna de miel en declive
Después de varios episodios gratos escenificados por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Fernando Abusaid Quinard, y los representantes del gobierno federal en materia de vivienda, en donde aquél se desvivió con aplausos para darle la bienvenida a las nuevas autoridades y su política de vivienda y los anuncios espectaculares sobre líneas de financiamiento, la luna de miel parece estar en el ocaso.
La manzana de la discordia en este tórrido romance es, nada más ni nada menos, la iniciativa de reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo Federal, la cual ha provocado severas reacciones en contra de diversos sectores productivos, entre ellos el de la vivienda.
A nombre de los desarrolladores de todo el país, Fernando Abusaid advirtió sobre una eventual escalada de precios en las casas habitación, desempleo en ese sector y el encarecimiento de los créditos hipotecarios y los financiamientos a los desarrolladores, de aprobarse la reforma hacendaria que propuso el Ejecutivo Federal.
El impacto será negativo, de grandes magnitudes, según dijo el empresario ante el titular de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez y otros funcionarios federales y estatales congregados en la convención de la Canadevi, de aprobarse la iniciativa presidencial.
Expuso que como consecuencia de ello, una mayor cantidad de trabajadores y sus familias no tendrían acceso a la vivienda, el trabajador que percibe 4 salarios mínimos o menos (que es el 78 por ciento de los trabajadores con acceso a crédito del Infonavit) quedaría prácticamente sin posibilidad de acceder a un crédito hipotecario a corto plazo.
Además, advirtió que el precio de la vivienda, los créditos puente y el terreno subirían considerablemente, la no deducibilidad de los intereses de los créditos hipotecarios afectaría al patrimonio de la clase media y desincentivaría la adquisición de vivienda, la cartera vencida en Infonavit, Fovissste y la banca, crecería, el déficit habitacional se incrementaría y los compradores sin hipoteca no escriturarían sus casas.
Estas consecuencias provocarían una contracción del mercado de la vivienda que frenaría el crecimiento del país, con una eventual pérdida de 240 mil empleos directos y una caída de la demanda en un 30 por ciento para 2014, situación que conllevaría el crecimiento de la auto producción de vivienda informal.
El rechazo a la iniciativa presidencial de reforma hacendaria y el reclamo empresarial sobre la misma, sin duda, están subiendo de tono, pero el Ejecutivo ya se lavó las manos sobre lo que propuso y ha dicho que todo está ahora en manos del Legislativo, o sea los cambios dependerán de los diputados y senadores.
Timoratos en regulación y supervisión
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé, reconoció que es “un tema inquietante” el número de intermediarios que tienen que supervisar para que cumplan adecuadamente con las medidas de prevención de lavado de dinero. “La parte de lavado de dinero, si sigue siendo un tema de preocupación, hacemos nuestro mejor esfuerzo para ir y revisar a los más que podemos, para que todos cumplan con el envío de información y los que no lo hacen estamos en el proceso de sanción”, apuntó.
El funcionario público se refiere a las sofomes y a los centros cambiarios, dos mercados sin regulación ante los cuales el gobierno se siente incapaz de controlar, como lo reflejan las palabras de Aguadé. En ambos casos los bancos les están cerrando sus cuentas de cheques por su exposición al lavado de dinero, lo que complica su operación sin embargo encuentran alternativas y se niegan a desaparecer.
No obstante, el propio gobierno y los legisladores tienen la oportunidad de corregir el grave error de haber, en el caso de las sociedades financieras especializadas, desregulado a ese mercado, y en el de los centros cambiarios, permitir su proliferación como hongos.
La reforma financiera es la clave para ordenar a ambos sectores, depurarlos para tener la posibilidad de regular y supervisar a los más relevantes e ir obligando a la consolidación, fusión y desaparición de las que no pueden operar por carecer de un capital social importante, entre otros elementos como experiencia, curriculum y gobierno corporativo e infraestructura tecnológica.
Los diputados integraron a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto algunas propuestas de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), que preside Alejandro Martí, en el sentido de que las sofomes tuvieran la posibilidad de solicitar su regulación voluntaria, con el fin de ofrecer mayor confianza y certeza a la banca de desarrollo, a los bancos comerciales, al mercado de valores y a la propia autoridad.
Afortunadamente no hicieron caso de las posiciones de la Asofom, la asociación de las sofomes changarro, que rechazan la regulación y supervisión de las autoridades. Su congreso reciente pasó sin pena ni gloria, recibiendo los ya tradicionales llamados de atención de los funcionarios públicos y expertos invitados por los riesgos de su operación sin un adecuado control gubernamental.
En la reforma se da un avance sin embargo creo que se podría dar un paso más ambicioso en la Cámara de Senadores, un ordenamiento más certero que impacte en la regulación de una gran parte del mercado financiero.
De acuerdo al presidente Peña y al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, el objetivo principal de la reforma financiera es promover el financiamiento, sobre todo hacia la planta productiva del país, para generar una mayor actividad económica y con ella empleo.
La banca se resiste, está cómoda en el créditos al consumo, que le arroja grandes utilidades, mientras que los intermediarios financieros no bancarios especializados, pregonan su voluntad de canalizar el financiamiento de la banca de fomento, para lo que están dispuestos a someterse a una política de regulación y control por parte una autoridad y un poder legislativo que hasta ahora se ha visto un tanto timorato al respecto.
