– En puerta plan metropolitano
– Competencia y programas sociales
– Reforma fiscal, incertidumbre
Hace unos días, en la ciudad de Guadalajara el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Jorge Carlos Ramírez Marín sostuvo una reunión con 80 alcaldes del país. Ahí insistió en que es necesaria la participación de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) para contener el crecimiento de la mancha urbana y promover la densificación de las ciudades, ya que de lo contrario -advirtió- la metropolización no logrará reflejar los efectos positivos que se desean.
El señalamiento del funcionario federal llama la atención debido a que refleja la preocupación del Gobierno Federal de que las cosas en materia de desarrollo urbano y habitacional no están saliendo como lo habían pensado, menos aún avanzan según lo previsto.
Y es que precisamente uno de los principales objetivos destacados desde el inicio de la presente administración en materia de desarrollo urbano, fue el reordenamiento de las ciudades en todo el país, para evitar en lo sucesivo crecimientos exponenciales de las grandes urbes, sobre todo en zonas de alto riesgo, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Si bien el objetivo no se ha perdido de vista, pues las acciones y voluntad del Gobierno Federal en esa materia saltan a la vista, lo cierto es que en muchas ocasiones se han visto frenadas por las autoridades municipales, razón por la cual no se ha avanzado al ritmo que se pretende.
En la actualidad sólo se cuenta con 114 cartas de intención firmadas entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) con presidentes municipales, para buscar la precisión de indicadores de medición del desarrollo urbano y establecer medidas que homologuen sistemas de administración, presupuesto y acciones, entre otros.
De no tener un plan conjunto en las ciudades, se corre el riesgo de que para 2030 se registre escasez de servicios públicos, “por lo que la densificación se ha convertido en una obligación y no una opción”, advirtió Ramírez Marín en la reunión con los alcaldes.
Más aún, el funcionario les aclaró que la regulación del uso de suelo seguirá siendo facultad principal de los gobiernos; sin embargo, éstos tienen que estar dentro del Registro Único de Vivienda (RUV), el cual es el visor de los polígonos que cumplen con los requisitos para evitar asentamientos en zonas de riesgo. Esto último, por supuesto y sin mencionárselos, para aquellos interesados en jalar recursos de la Federación.
Plan metropolitano
Con el fin de avanzar más rápidamente y tomar decisiones junto con los tres niveles de gobierno para poner orden a las ciudades y evitar que la concentración habitacional crezca, la Sedatu diseña un esquema metropolitano nacional.
De acuerdo con la información de esa dependencia, se están agilizando los trabajos para la integración de este esquema, con el fin de que la distribución del suelo en las metrópolis mejore y eleve la competitividad.
Para la Sedatu el ordenamiento territorial no sólo consiste en evitar asentamientos irregulares, sino orientar la vocación productiva del territorio, porque “una ciudad ordenada crea mayor calidad de vida, ahorros en la economía familiar y menores gastos en su mantenimiento”.
Competencia y programas sociales
Alejandra Palacios Prieto, presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), fue contundente en sus declaraciones sobre la iniciativa de la nueva ley antimonopolios que el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados hace unos días y la cual pretende impulsar la competencia de los mercados en México para evitar concentraciones, monopolios pues.
Estamos convencidos, dijo, que la competencia es el mejor instrumento para promover el crecimiento económico; tiene impactos positivos importantes en el poder adquisitivo de las familias, en el costo y disponibilidad de los insumos de las empresas, y en la productividad.
“La política de competencia puede ser mucho más potente que cualquier programa de política social”, enfatizó la comisionada presidente.
En la lógica de la funcionaria, la cual se comparte, teniendo en México leyes y organismos verdaderamente efectivos en la defensa de los consumidores, no habrá necesidad de destinar tantos recursos públicos a programas sociales que a la larga resultan infructuosos y onerosos para el erario público, o mejor dicho a los contribuyentes, porque sus destinatarios o sea los más necesitados de esta país, no son, en esencia, los realmente beneficiados. Si eso es así, por supuesto que es bienvenida una mayor competencia.
Reforma fiscal, incertidumbre
A unos días de que inicien los trabajos legislativos del periodo ordinario en el Congreso de la Unión, que tiene como tareas prioritarias definir las leyes secundarias de las reformas estructurales, continúan los análisis y debates sobre ellas. La más cuestionada sigue siendo, evidentemente la reforma fiscal.
Y es que a decir, de analistas, académicos y ahora hasta calificadores internacionales de valores como Fitch, la reforma fiscal resultó en un incremento de impuestos a la economía formal, tanto a personas morales como a personas físicas, sin aumentar la base de contribuyentes y reducir la economía informal. Es decir, fue insuficiente.
Un efecto negativo de la reforma fiscal es que no se aumentó el número de contribuyentes ya que el incremento en impuestos fue para la base actual de causantes. El aumento en impuestos podrá disminuir los volúmenes de ventas para empresas de autoservicio y productos de consumo. Compañías mineras pueden considerar inversiones en otros países, se advierte.
La reforma fiscal tiene un impacto inmediato en 2014, mientras que el resto de las reformas están en espera de la aprobación de leyes secundarias. La mayor falla de la reforma hacendaria es la carencia de medidas para incrementar la recaudación en el sector informal de la economía.
Se estima que este sector representa cerca del 60% del total de contribuyentes potenciales. Asimismo tendrá un impacto de neutro a negativo para los contribuyentes, tanto personas físicas como morales y se prevé que afecte los niveles de ingreso disponible modificando el gasto del consumidor.
Los cambios establecidos por esta reforma incluyen impuestos especiales, incremento en tasas impositivas y menores deducciones, entre otros. En otros casos mayores impuestos o aumentos de precios derivados de un aumento en impuestos deben afectar los volúmenes de ventas de las empresas ligadas al sector de consumo.
Recientemente algunos sectores o industrias afectados están buscando amparase para protegerse de las nuevas obligaciones fiscales, sin embargo el resultado final de estos amparos es incierto.
Desde la óptica del Gobierno Federal, el principal objetivo de la reforma fiscal es fomentar el crecimiento y la estabilidad, mejorar la equidad del sistema tributario, facilitar el pago de impuestos, incrementar la base de contribuyentes, fortalecer la recaudación de impuestos a nivel local y fortalecer a Pemex. Todo ello, sin embargo, aún está por verse y lo cierto es que ha generado una verdadera incertidumbre entre los actores económicos.
