fondos federales, 
Por Fitch Ratings
El impacto en el gasto de los estados de Chiapas [A(mex), Perspectiva Negativa] y Oaxaca [A-(mex), Perspectiva Negativa], a consecuencia del sismo de 8.2 grados en la escala de Richter registrado el 7 de septiembre de 2017, será mitigado por la disposición de fondos federales para atender estas contingencias y el apoyo histórico de la Federación, considera Fitch Ratings. Para el caso del estado de Oaxaca, además se cuenta con un seguro contra catástrofes por MXN786 millones para cubrir la parte estatal de lo erogado en caso de un desastre natural. Este fue renovado en junio de 2017 y está vigente hasta julio de 2018 con Agroasemex, institución de seguros federal.
El 7 de septiembre de 2017, el Servicio Sismológico Nacional reportó el sismo con mayor magnitud en los últimos 100 años. El epicentro se localizó a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas. Aunque las afectaciones mayores se concentran en los estados de Chiapas y Oaxaca, el sismo se percibió en gran parte del sur y centro del país. El 14 de septiembre de 2017, la Secretaria de Gobernación (Segob) emitió la declaratoria de desastre natural para 283 municipios de Oaxaca y 97 municipios de Chiapas. La declaratoria permitirá a ambos estados acceder a los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de la Federación.
Fitch considera que con la activación de Fonden se cubrirá una parte de las necesidades de gasto para atender a la población afectada y los requerimientos de reconstrucción de la infraestructura dañada debido al fenómeno geológico. Fonden cubre afectaciones a la vivienda de familias en situación de pobreza patrimonial, así como los daños en la infraestructura pública federal, estatal y municipal. Por medio de este fondo, la Federación se hace cargo del costo de la reconstrucción de 100% de infraestructura federal y hasta 50% de la estatal. Los recursos de Fonden son administrados a través de un fideicomiso a cargo de Banobras. De acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación, para 2017 se tiene presupuestado MXN6,035 millones para Fonden.
El 4 de agosto de 2017, el Banco Mundial emitió una serie de bonos catastróficos que brindan a México una cobertura por hasta USD360 millones ante pérdidas derivadas por sismos y ciclones tropicales. Para el caso de las contingencias por sismos, la cobertura es por hasta USD150 millones, por lo que este monto podría sumarse a los recursos de Fonden. La Federación puso en marcha una serie de apoyos fiscales a las personas y empresas de las zonas afectadas en Chiapas y Oaxaca. Entre dichas medidas, destaca la deducción inmediata de las inversiones efectuadas en bienes nuevos de activo fijo entre el 7 de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018 y el pago a plazos en forma diferida por hasta 12 parcialidades de las cuotas patronales de seguridad social, entre otras. Estas medidas no aplican a los gobiernos de los estados, municipios ni a sus organismos descentralizados.
Las calificaciones actuales de las entidades calificadas por Fitch consideran la volatilidad de los márgenes operativos en escenarios de estrés, por lo que no se esperan variaciones de las mismas en el corto plazo a consecuencia del sismo. Tanto Chiapas como Oaxaca cuentan con un endeudamiento moderado y una liquidez limitada. Algunos de sus financiamientos actuales fueron contratados en años anteriores para cubrir eventualidades ocasionadas por contingencias de desastres naturales. Ambos estados tienen necesidades significativas en materia de infraestructura y servicios públicos, mismas que se acrecentarán con el sismo. Fitch dará seguimiento a las acciones implementadas y a su impacto en la flexibilidad financiera y el endeudamiento de estas entidades.
De acuerdo a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios (LDF), a partir de 2017 las entidades federativas deberán prever en sus presupuestos de egresos recursos para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública estatal ocasionados por desastres naturales. En 2017, los estados deberán reservar, dentro de un fideicomiso público constituido para este fin, por lo menos 2.5% de los recursos equivalentes al promedio de los últimos 5 años actualizados por la inflación de la aportación realizada por la entidad para la reconstrucción de la infraestructura como contraparte de Fonden. Este porcentaje se elevará para 2018 a 5%, para 2019 a 7.5% y a partir de 2020 10%. Además, conforme a la LDF, por lo menos 50% del excedente de los ingresos de libre disposición deberá ser destinado a la amortización anticipada de la deuda y a la aportación a fondos para la atención de desastres naturales, entre otros.
Conforme al Sistema Nacional de Protección Civil de la Segob, desde 1980 el evento catastrófico más caro y devastador del país ha sido el sismo de 1985; su costo estimado es de USD4,100 millones. Después de este evento están los ciclones tropicales Ingrid y Manuel que en 2013 afectaron al estado de Guerrero y 20 entidades más; sus daños ascendieron a USD3,041 millones. De acuerdo a la Segob, desde 1991, 90% de los daños y pérdidas han sido ocasionados por fenómenos hidrometeorológicos.
