Por Agustín Vargas
· Proponen crear Consejo Nacional de Infraestructura
· Auditorías forense antilavado de dinero
· Fraudes y lavado aumentaron 80%
Conforme avanzan las campañas de los candidatos presidenciales nos damos cuenta que uno de los sectores productivos que está muy sentido con los aspirantes a ser presidente de la República, es el de la construcción, cuyos empresarios no han dejado de llamar la atención sobre el desdén sufrido, pese a que durante las últimas dos administraciones ese sector ha sido de los mejor tratados por los gobiernos en turno.
Ha sido tal el desinterés de los candidatos presidenciales hacia los empresarios de la construcción que éstos tuvieron que cancelar el Encuentro Nacional de Vivienda dos días antes de su fecha programada (9 de mayo), porque los aspirantes a la primera magistratura del país decidieron no asistir a dicho foro, organizado por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), que preside Carlos Medina Rodríguez.
Todo estaba preparado por los desarrolladores de vivienda para solicitar a los contendientes presidenciales la extensión del apoyo gubernamental, para pedirles la continuidad de la política nacional de vivienda. O sea, para seguir gozando de exenciones y beneficios fiscales con el objetivo de no detener el ritmo de crecimiento de ese sector, considerado pilar de la economía. Por supuesto el desaire de los candidatos enojó mucho a los integrantes de la Canadevi, pero han tenido que contenerse.
El asunto no paró ahí, unos días después la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), que preside Eduardo Ramírez Leal, alzó la voz y exigió a los candidatos presidenciales “fijar de manera urgente, clara y puntual” sus propuestas e iniciativas para el desarrollo de la infraestructura de nuestro país, con el objeto de impulsar la competitividad y un crecimiento económico sostenido.
La CMIC no solicitó, sino exigió también que los candidatos expresen públicamente sus compromisos de respetar las leyes, la transparencia y la legalidad en el ejercicio del presupuesto público. Por fin, los constructores mostraron algo de su enojo.
Uno de los puntos más destacados del planteamiento de la CMIC al exigir claridad y atención por parte de los candidatos presidenciales, es la propuesta para crear en el corto plazo el Consejo Nacional de Infraestructura que cuente con un Instituto de Planeación de Infraestructura Autónomo, con la participación de entes tanto públicos como privados.
El objetivo de esto, argumenta la CMIC, organismo que agrupa a 12 mil empresas formales de la construcción, es generar certidumbre para atraer inversiones y alcanzar, al menos, un nivel de inversión pública equivalente al 5 por ciento del Producto Interno Bruto en infraestructura, mediante el desarrollo de nuevos esquemas de financiamiento.
La industria de la construcción como sector estratégico del país tiene un poderoso efecto multiplicador en la economía nacional, pero desafortunadamente éste se diluye cuando se discrimina a las empresas nacionales en favor de las extranjeras. A ello, hay que agregarle ahora el desdén y desinterés a ese sector que han mostrado quienes aspiran a gobernar México.
Auditorías forense antilavado de dinero
Una de cada 10 empresas en México ya destina una parte de su presupuesto a la auditoría forense para evitar fraudes y robos internos. Según datos del Consejo Nacional de Seguridad Privada, que preside Alejandro Desfassiaux, la adopción de esa práctica permite reducir hasta el 90 por ciento los riesgos de fraudes internos y el robo hormiga en las empresas; afirma que también logra combatir el lavado de dinero y el financiamiento de operaciones ilícitas.
De acuerdo con las cifras del organismo mencionado, en los últimos cinco años, los fraudes empresariales y el lavado de dinero aumentaron de 60 a 80%, y en el 87% de los casos estuvo involucrado al menos un empleado en tales ilícitos.
El incremento del 20% de fraudes empresariales en el último quinquenio, que pasó de 60 a 80%, es un delito multifactorial, entre cuyos factores destacan gastar más de lo que se gana, ludopatía (adicción a las apuestas) y otras atracciones por lo prohibido.
El investigador Alejandro Desfassiaux precisa que este tipo de ilícito también se presenta cuando la compensación no corresponde al grado de responsabilidad que el puesto laboral exige, de ahí que se trate de justicia por propia mano y antes de mencionar que se gasta por encima de lo que se percibe, aumentan los casos de resentimiento patronal que inciden en traicionar al empleador.
La alteración de documentos, encubrimiento de ingresos y endeudamientos ficticios, son prácticas comunes que incrementan el riesgo de fraudes en las organizaciones, así como la manipulación de contratos, apertura de cuentas de cheques sin autorización, asignación de bienes en comodato, adjudicaciones por medio de intermediarios y corrupción de funcionarios y empleados, enlista el experto.
El experto explicó que la auditoría forense interviene cuando se presupone algún delito, “por lo que se investiga, analiza e interpreta la información financiera de la que se tiene duda, al centrarse en excepciones, rarezas e irregularidades”.
Los elementos de juicio y evidencia contable constituyen la base fundamental de un peritaje contable, pues a través de su examen crítico y sistemático, el perito contable llegará a conclusiones sobre la compatibilidad y evaluación de evidencias en torno a lo que investiga. En la medida que disponga de todos los elementos de juicio relacionados con el peritaje, su opinión tendrá la validez que el caso requiera.
A diferencia de la auditoría financiera, que sólo analiza errores y omisiones, la auditoría forense considera diversos factores como la indagación de activos, situaciones de quiebra fraudulentas, análisis de reclamaciones de seguros y averiguaciones de conflictos de interés.
La prevención y detección de los fraudes empresariales es responsabilidad del sistema de administración de las compañías, que deben implementar mecanismos de contabilidad y control internos adecuados.
