Rogelio Varela
Le comentaba que la empresa proveedora de vales SUVEN S.A. de C.V. recibió un requerimiento por parte de la Secretaría de la Función Pública de Arely Gómez, para que informe a detalle los contratos que mantiene con dependencias e instituciones de gobierno, así como los incumplimientos en los que ha incurrido.
El organismo encargado de vigilar el correcto proceder de los servidores públicos envió una solicitud a esta firma para que informe a la brevedad si actualmente “cuenta con el respaldo de una empresa de servicios transaccionales enfocada en los medios de pago, para que los monederos electrónicos sean aceptados en todos los comercios que cuenten con terminales punto de venta, como podría ser la empresa PROSA”.
Ello, luego de que se diera a conocer que esta empresa recientemente fue dada de baja en el sector financiero por PROSA (Carnet), lo que permite que sus monederos electrónicos puedan ser aceptados en comercios, portales web o cajeros electrónicos, pues de lo contrario los miles de derechohabientes que cuentan con los plásticos de SUVEN no podrían hacer efectiva esta prestación.
Además, se le pide informar puntualmente de los contratos que mantiene con dependencias federales, así como los montos y vigencias de los mismos.
Pero, el requerimiento va más allá, pues ahora la valera de Oralia Méndez deberá especificar los contratos vigentes, los que ya culminaron, y si estos fueron rescindidos o completados cabalmente, además de informar de las causas en caso de que hayan culminado sus contratos antes de lo estipulado.
No cabe duda que es una llamada de atención contundente ante los numerosos incumplimientos en que esta firma con sede en Jalisco, aún manos de Aristóteles Sandoval, ha caído con diferentes dependencias tanto federales como en estados y municipios, por lo que estaremos muy pendientes del desenlace. ¡Bien por la SFP!
La ruta del dinero
Nada que en el ocaso del sexenio la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) de Alejandra Palacios presentó la Agenda Económica para un ejercicio integro en las contrataciones públicas en donde se precisa que tan solo en 2017 se realizaron más de 228 mil contratos públicos (con un valor superior a los 585 mil millones de pesos). La nota es que 78% de esos contratos se otorgaron por adjudicación directa, 10% por medio de una invitación a cuando menos tres personas, y solo 12% por medio de una licitación pública. El caso es que en la gestión pública no siempre se promueve la competencia y COFECE recomienda establecer regulación e incentivos institucionales que favorezcan el una competencia intensa para los contratos del gobierno. De lo novedoso del tema sugiere requerir la participación de la COFECE en licitaciones relevantes; crear un mercado virtual para compras pequeñas de bienes homogéneos de las dependencias de la Administración Pública Federal mediante el uso de plataformas electrónicas; e impedir efectos negativos de la subcontratación y las ofertas conjuntas. Sin duda planteamientos a considerar en el gobierno en puerta de Andrés Manuel López Obrador.
