De acuerdo a la política de austeridad impulsada por la nueva Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el Pleno de este último órgano aprobó un primer ajuste a su estructura administrativa.
Como medida de racionalidad del gasto público y con el propósito de adelgazar y transformar la administración judicial hacia un modelo de gestión integral, eficaz y moderno de gobierno, se ordenó la desaparición de la Secretaría Ejecutiva de Finanzas y Recursos Personales y dos de sus direcciones generales, quedando a cargo de sus competencias la ya existente Secretaría Ejecutiva de Administración.
De esta forma, el Poder Judicial de la Federación cumple su compromiso de hacer más, con menos.