Por Rogelio Varela
Las contrataciones públicas siguen siendo un tema sensible que, sin duda, habría de atender la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Y es que al hacer una revisión de las quejas que han expresado diversos sectores sobre las prestadoras de servicios, llama la atención que en materia de limpieza no se han aseado los procesos licitatorios.
Comencemos con las denuncias que en 2017 se hicieron contra MOLT NET SA DE CV por no dar a sus trabajadores las prestaciones que marca la ley, motivo por el que el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada, Vigilancia, Traslado de Valores, Manufacturas de Equipos de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, Similares y Conexos de la República Mexicana, pidió al Infonavit, hoy a cargo de Carlos Martínez Velázquez, que le realizará una auditoría a fondo.
Y es que la firma ligada a Enrique Gómez Mandujano también fue delatada en el mismo año ante el IMSS, que dirige Germán Martínez, por no afiliar presuntamente a sus trabajadores, esto a pesar de ser uno de los requisitos que la administración pública exige a sus proveedores.
De acuerdo con el relato de los hechos que la empresa FUMISA SA de CV presentó ante el Instituto, en el registro patronal Y6055515107 se comprobaba que MOLT NET solo había inscrito al 35% de los empleados comprometidos para prestar este servicio en Capufe para los tramos correspondientes a Coatzacoalcos y Tlalpan-Acapulco, así como en la Terminal 2 del AICM y Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Motivo por el que se calculaban evasiones por 10 millones de pesos, correspondientes al pago de cuotas obrero patronales.
No obstante, se sospechaba que entre 2015 y 2017 el impago al IMSS ascendería a 50 millones de pesos. El modus operandi habría recaído en la falsificación de los pagos, así como de los Listados SUA, no obstante, el asunto quedó en el aire, pues hasta el momento no se han realizado las respectivas indagaciones. Mientras tanto, la empresa continúa anotándose como concursante en contrataciones públicas.
La situación no es muy distinta en el INE, que preside Lorenzo Córdova, pues mientras la Cuarta Transformación exige ahorro, en el Instituto entregaron un contrato por un monto máximo de 136.5 millones de pesos a GREEN MAMBA SERVICES, que era la participante más costosa y también se ha vinculado a Gómez Mandujano.
Mucho ojo habría de poner en estas dos empresas la secretaría de la Función Pública, de Irma Eréndira Sandoval. Sobre todo, si el objetivo es cumplir con los dichos y promesas presidenciales.
La ruta del dinero
Tras su aprobación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde recibieron el voto unánime de todas las fuerzas políticas, el INEGI cuenta ya con dos nuevos vicepresidentes que vendrán a fortalecer el trabajo que realiza esta institución. Las designaciones de Enrique Ordaz López y Adrián Franco Barrios, técnicos de probada capacidad y experiencia al interior de esta institución, permitirán dar continuidad a las tareas que se realizan en los subsistemas nacionales de información Económica y de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, que fueron las áreas de responsabilidad, respectivamente, que les fue asignada por el presidente del INEGI, Julio A. Santaella.
