– El Tren Maya será financiado mediante un esquema de inversión mixta (público-privado).
– Establecerá como eje rector del proyecto el respeto al medio ambiente y a las comunidades de los pueblos originarios, conforme a la ley.
– Continuará como un factor determinante en el ordenamiento territorial y en la creación de nuevos desarrollos turísticos.
El pasado lunes 11 de febrero se llevó a cabo una reunión entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, y el equipo encargado del proyecto del Tren Maya, liderado por el Director General de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. El objetivo fue acordar el modelo financiero que seguirá el Tren Maya, con estricto apego a la ley.
Entre lo acordado destaca lo siguiente:
- El proyecto será financiado mediante un esquema de inversión mixta.
- Una parte de la inversión (aproximadamente el 10%) quedará a cargo del Gobierno y el resto quedará a cargo de las empresas privadas que resulten adjudicatarias de esos contratos de inversión mixta en los concursos correspondientes.
- Las empresas adjudicatarias de los contratos de inversión mixta serán responsables de la ingeniería de detalle y de la construcción de las vías férreas, o del diseño y fabricación de los trenes, según sea el caso, y de su puesta en operación.
- Además, serán responsable de su mantenimiento óptimo por un plazo de 30 años contando a partir del inicio de operaciones.
- Las bases de las licitaciones serán abiertas, con el fin de propiciar el mayor número de participantes.
- Existirá interconectividad con el resto del país a partir de la coordinación entre el Tren Maya y el Corredor Transístmico.
- El apego a la ley será un eje rector del proyecto, tanto en lo que respecta al medio ambiente, como a las comunidades en la zona de influencia del Tren Maya.
- Esto incluye la elaboración de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). Una vez que se obtengan los resultados de los estudios, se aplicarán las medidas de contención y mitigación correspondientes.
- Asimismo, el Tren Maya realizará las consultas a los pueblos originarios con apego a la ley y en completa observancia del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas.
