Por Rogelio Varela
Dejar a un lado el sistema profesional de distribución de medicinas como pretende el gobierno federal podría traer riesgos de desabasto en el sector salud.
La realidad internacional indica que una dispersión eficiente de medicinas solo se logra a través de economías de escala.
Tal es el caso de Alemania donde 6 empresas se dedican a esa actividad, en el caso de Estados Unidos son 3 firmas, y en un país como Brasil, pese a su extenso territorio, sólo 4 empresas concentran el 80 por ciento de la distribución.
Por lo pronto, el próximo 10 de junio se dará a conocer el resultado de la primera licitación centralizada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Las 1,000 claves de esta próxima compra serán adquiridas bajo el modelo de transferencia en especie para el IMSS/Bienestar, antes Seguro Popular.
Después de un evento mal organizado para abrir el diálogo sobre esta próxima licitación, únicamente 16 asociaciones se mostraron interesadas en participar en la compra consolidada (9 mexicanas y 6 extranjeras); sin embargo, este modelo no resulta una innovación o una verdadera estrategia para reducir el robo de medicamentos.
Desde 2013 el gobierno federal y algunos estados se adhirieron a la compra consolidada, impulsado por la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) al reducir cotos al sector salud y estar abierto a participantes internacionales debido a temas de patentes y mejores ofertas.
Si la SHCP de Carlos Urzúa Macias busca ahorros no están haciendo nada diferente a las administraciones pasadas; únicamente contar con el lema “cero corrupción”. Si lo que busca es eliminar la concentración de empresas en el abasto, el esfuerzo también resulta en vano:
Habrá que recordar que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) la agencia que regula la producción, importación y distribución de medicamentos en el país. Debido a sus prácticas regulatorias, la Organización Panamericana de Salud (OPS) la ha listado como líder en la Región América; a la par de la agencia norteamericana, la FDA.
La importación de medicamentos para esas agencias resulta un tema prioritario debido a que hay países que no cuentan con buenas prácticas de manufactura de medicinas y dependen de una importación bien controlada porque por baratos podrían entrar medicinas que no garantizan su efecto terapéutico.
En el caso de la FDA, es incluso ilegal importar medicamentos que no tengan un registro válido, y la Cofepris que lleva José Alonso Novelo Baeza impone similares restricciones.
El robo de medicamentos no está en la distribución a más de 5 mil puntos a nivel nacional donde existen desde hospitales regionales hasta pequeñas clínicas.
Y bueno, queda claro que las empresas que se comprometan a abastecer al sector salud deberán estar registradas ante Cofepris, garantizar el abasto y reducir costos, pero sin experiencia e infraestructura adecuada difícilmente cumplirán ese mandato, afectando a la industria farmacéutica, y por supuesto, a la población.
La ruta del dinero
Luego de un trabajo arduo de 15 años Michelle Ferrari, hasta ahora CEO de la empresa Great Place to Work, líder en México y en el mundo en la creación de ambientes de trabajo y de desarrollo profesional, deja ese puesto, aunque permanecerá como partner de México, Centroamérica y el Caribe, formando parte al mismo tiempo del consejo de accionistas, así como del Leadership Council Global de la empresa. En el caso de nuestro país más de 500 empresas de todos tamaños han adoptado las recomendaciones de esa firma en la gestión de capital humano.
