Por Rogelio Varela
El mayor puerto mexicano del Pacífico encara desafíos para seguir captando nuevos clientes.
Me refiero al Puerto de Manzanillo que debe mejorar sus índices de eficiencia, productividad y calidad del servicio a clientes entre las terminales portuarias que ahí operan, lo que requiere diferentes acciones para atender los crecientes tráficos de carga general y volumen de contenedores que al finalizar 2019 podrían superar los 3.5 millones de TEUS.
En Manzanillo se mueve más del 40% del comercio exterior vía marítima desde y hacia México, este dinamismo conlleva retos de movilidad para la ciudad y para la liberación de la carga dentro y fuera de la zona portuaria y, para la circulación de cerca de 3 mil camiones las 24 horas.
La nota es que algunos operadores internacionales de terminales portuarias que están en Manzanillo se han negado a adherirse en su actuar cotidiano a políticas internacionales de transparencia y buen gobierno que les permitan trabajar con apego a legalidad (Compliance) y de paso combatir posibles prácticas de corrupción.
De hecho, Contecon en Manzanillo, una subsidiaria del grupo ICTSI (de origen filipino), ha visto comprometida su operación mientras la saturación del puerto se ha incrementado simultáneamente.
El desembarco y manejo de contenedores en su área concesionada de 77.8 hectáreas, aun sin desarrollar conforme a sus planes previstos, llevó a navieras como Maersk Line y Hamburg Süd a trasladar el desembarco de su carga a otras terminales de contenedores.
Y bueno, Contecon se ha visto en la necesidad de realizar la transferencia de contenedores a patios de otro operador portuario. No obstante, por contrato las terminales están impedidas para manejar cargas distintas a las de su asignación.
Dicha transferencia inició en el segundo semestre de 2018, cuando una tercer naviera, Cosco Shipping Line, trasladó parte de su carga a los muelles de otra terminal de origen nacional, lo que derivó en una saturación de las puertas de salida de dicho recinto que desembocan precisamente en la zona urbana.
La ruta del dinero
A base de prácticas ilegales, Jorge Carlos Fernández, quien dirige Grupo El Sardinero, asegura fallos a su favor haciendo competir en las mismas licitaciones a varias de sus empresas, lo que prohíbe la ley en la materia. Así ocurrió en 2018 cuando la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Aguascalientes invitó a cuando menos tres personas para la adquisición de 159,801 despensas alimenticias, curiosamente las tres pertenecientes a Grupo El Sardinero. Esas empresas se encuentran relacionadas como lo demuestra el hecho de que la misma persona funge como delegado de la asamblea de accionistas de El Sardinero y como accionista y apoderado de Productora Procesadora Agrícola de México, otra empresa del grupo. También, Comercializadora El Sardinero y Productora Procesadora Agrícola de México, ostentan ante el SAT la misma representante legal, Alicia Cano Santiago. Ahora en la 4T el grupo en cuestión ha sido beneficiado con diversos contratos asignados de forma directa.
