Por Philippe WAECHTER, Economista en Jefe de Ostrum Asset Management, filial de Natixis IM.
Las manifestaciones masivas en Hong Kong han puesto a los habitantes del territorio controlado por China (entrega el 1 de julio de 1997) en contra del gobierno chino, y 1.7 millones de personas participaron en las manifestaciones del 18 de agosto, el equivalente a 25% de la población.
La cuestión clave en riesgo es el cambio en el panorama político en Hong Kong después de que el gobierno de la región anunciara planes para reformar su ley de extradición, ya que los habitantes de Hong Kong temen al control de China sobre el sistema legal de Hong Kong, lo que aumenta la preocupación de que puedan perder su independencia de Beijing. Esto significa un riesgo de que Hong Kong pierda parte de su estatus especial (un país, dos sistemas desde el acuerdo implementado en 1997), poniendo en peligro la seguridad personal de todos los habitantes de Hong Kong.
La jefe del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam declaró el 8 de julio que el proyecto de ley de extradición estaba muerto, pero esto no calmó a los manifestantes, que piden su renuncia: no solo fue ella la instigadora de la propuesta de reforma, sino que tampoco fue elegida de forma democrática, sino que fue designada por un comité electoral de 1,200 miembros, en su mayoría nombrados por Beijing. El jefe del ejecutivo debería ser designado por medio de elecciones basadas en el sufragio universal, pero desde la revolución de los paraguas en 2014, el enfoque de Beijing hacia Hong Kong ha cambiado y el gobierno chino ya no parece querer cumplir con los acuerdos iniciales de la democracia.
Esta reacción pública contra los cambios políticos en Hong Kong también es debida al hecho de que el gobierno chino interviene en las elecciones legislativas, con el fin de tomar decisiones en contra de uno u otro candidato.
China ha asumido una postura firme para sofocar estos disturbios sociales, con tropas acuarteladas en la frontera con Hong Kong, involucradas en maniobras, pero sin intervención.
Es interesante ver en retrospectiva para entender lo que está sucediendo y tener una idea de la reacción de mano dura del gobierno chino.
Durante la transición de Hong Kong del Reino Unido a China en 1997, se acordó que habría un país, dos sistemas, es decir, Hong Kong permanecería sujeto a las fuerzas del mercado y China mantendría un sistema socialista. China se encargaría de la defensa y los asuntos exteriores de Hong Kong, pero la región tendría su propia constitución con un alto grado de autonomía de China, manteniendo la libertad de prensa, la libertad de asociación, el derecho a manifestarse, etc.
El acuerdo que entró en vigor el 1 de julio de 1997 se firmó por una duración de 50 años, es decir, hasta el año 2047 después de lo cual la configuración de “un país, dos sistemas” podría convertirse en un país, un sistema.
Pero este es el tema principal que está suscitando la preocupación de Hong Kong: la idea inicial era que los dos sistemas convergerían, con base en el supuesto de que China se desarrollaría económicamente y su sistema político evolucionaría hacia el sistema de Hong Kong, y no al revés. Esta era la idea planteada por Samuel Pisar, es decir, una mayor afluencia económica conduciría a la implementación gradual de un sistema político más liberal y democrático.
Sin embargo, a juzgar por las medidas de Beijing, los residentes de Hong Kong son testigos de cómo su sistema cambia y avanza hacia el sistema político chino. Les preocupa que se incorporen gradualmente a este sistema y se conviertan en una provincia china más, lo que significaría que el acceso a la información se restringirá más y la libertad de expresión será mucho más limitada de lo que es hoy: Hong Kong tiene mucho que perder.
El gobierno de Beijing no quiere correr el riesgo de permitir que los disturbios sociales sienten un precedente, y no se ha contenido en reprimir las manifestaciones que pudieran surgir en todo el país. Para evitar este tipo de situación, las autoridades chinas adoptan un enfoque muy activo en la aplicación de la política económica y son estrictas en garantizar que la inestabilidad social no se arraigue. Este es uno de los factores que sustentan el desarrollo generalizado de la vigilancia electrónica en China, ya que el reconocimiento facial y el sistema de crédito social son formas de disminuir estos riesgos en un tipo de dictadura digital diseñada para evitar levantamientos sociales.
Esta necesidad de que las autoridades frenen conflictos sociales se exacerba por el hecho de que el crecimiento se está desacelerando y la economía china está teniendo dificultades para generar todos los empleos necesarios.
En otras palabras, las autoridades de Beijing no quieren que las manifestaciones de Hong Kong se extiendan al resto de China, que se enfrenta a un crecimiento más lento. Esta es una situación peligrosa, ya que los ciudadanos de Shenzhen y Guangzhou observan a detalle el desarrollo de la relación entre Hong Kong y Beijing: múltiples residentes de Shenzhen trabajan en Hong Kong, por lo que ya no existe una separación estricta entre el territorio y el resto de China.
Esta lucha de voluntades plantea una serie de preguntas.
La intervención militar china en Hong Kong es una de las posibles opciones, pero este tipo de medida política bien podría establecer paralelismos con los sucesos de la Plaza Tiananmen en la primavera de 1989.
Esto sería perjudicial para China, ya que su expansión internacional ha sido exponencial desde 1989 y las medidas dirigidas a extender la influencia del país, como la Iniciativa Belt and Road, se verían amenazados por la intervención militar. Esto también sería un riesgo importante, ya que el país está involucrado en un enfrentamiento con EEUU y puede ofrecer capacidades tecnológicas que podrían ayudar a inclinar la balanza global a favor de China: a este respecto, el caso de Huawei es simbólico ya que la compañía tiene los medios para reemplazar las redes de telefonía móvil y migrar de forma expedita a todos los países europeos a la tecnología 5G china.
Por lo anterior, este tipo de medidas provocaría riesgos considerables en un momento en que China quiere desafiar a Estados Unidos tanto económica como políticamente.
En tanto, un deterioro en el estatus de Hong Kong como resultado de la intervención china y ponerse a la par con otras regiones de China aumentaría la desconfianza del resto de las capitales mundiales en Beijing.
Sin embargo, esta falta de confianza puede durar poco tiempo, y China puede esperar que su poder económico y tecnológico garantice que surja como líder en los próximos años, con una intervención que tendría un efecto limitado en el tiempo. Después de todo, los eventos de la Plaza Tiananmen no impidieron que China creciera y extendiera su influencia en el mundo durante los últimos 30 años.
En última instancia, el tema en juego es el papel de China en el mundo, ya que el país se enfrenta a EEUU en una batalla de voluntades económicas y políticas a escala mundial. El liderazgo tecnológico, económico y político está en juego, y Washington no ha logrado poner fin a su contienda con Beijing después de que las represalias chinas obligaron a Donald Trump a arrepentirse la semana pasada, cuando retrasó la imposición de aranceles a los bienes electrónicos de consumo hasta el 15 de diciembre.
Actualmente, China también está encontrando su equilibrio interno, y conservar el estatus actual de Hong Kong significaría mantener acceso al resto del mundo y permitir al resto del mundo el acceso a China. Esta comunicación es vital, aunque Hong Kong solo representa 3% del PIB de China en comparación con el 20% en 1997.
China bien podría estar encaminándose a convertirse en el peso pesado de la economía que era antes de la revolución industrial en Europa. Las decisiones que tome al abordar las manifestaciones en Hong Kong serán un presagio de cómo planea desempeñarse en este papel de líder en el mundo globalizado de hoy.
