Rogelio Varela
Una iniciativa que desde 2018 duerme el sueño de los justos en San Lázaro es la reforma a la Ley de Seguridad Privada que data de hace 15 años.
El tema no es menor si pondera que la principal inquietud de la población es precisamente la creciente violencia e inseguridad que encara todo el país, ya que lejos de ser un problema focalizado se ha extendido en todo el territorio nacional, sobre todo con un incremento del delito común.
Para Armando Zúñiga Salinas, coordinador General de las Asociaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), el planteamiento a la Cámara de Diputados -con carácter urgente- es que se desempolve la actualización de la Ley General de Seguridad Privada planteada desde el año pasado y que ya tuvo visto bueno en la Cámara de Senadores.
La idea es que la industria de la seguridad privada cuente con un marco jurídico robusto, el cual atenderá las irregularidades que hoy persisten en el sector, entre ellas la informalidad, ya que existen miles de empresas “patito” de dudosa existencia y poca efectividad.
Para que tenga una idea de esa problemática le cometo que en México existen casi 6 mil compañías de seguridad privada; 3 mil 640 acreditadas y 2 mil 300 que operan sin registro ni personal certificado.
De ahí el llamado de ASUME a los legisladores para que le entren al tema no sólo por el beneficio de paz social que puede aportar, también para fortalecer a un sector que brinda empleo a más de 600,000 personas y representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB).
Zúñiga considera que las empresas de seguridad privada pueden contribuir al plan del gobierno para pacificar varias zonas del país y donde queda claro que aún tardará tiempo que ofrezca frutos la operación de la Guardia Nacional. .
La Ley General de Seguridad Privada fue aprobada por la Cámara de Senadores en abril de 2018, y desde entonces, está a la espera de su análisis y discusión en la Cámara de Diputados no obstante que dicha iniciativa se empezó a trabajar desde febrero de 2017, cuando, en colaboración con Coparmex, se iniciaron las tareas para elaborar un proyecto de Ley General de Seguridad Privada, el cual fue consensuado por distintas mesas de trabajo que incluyeron a prestadores de servicios y autoridades reguladoras.
Entre otras modificaciones a la ley destacan establecer un Comité de Reguladores y un Registro Único de Empresas, Personal y Equipo; definir perfiles del personal y la obligatoriedad de la profesionalización permanentemente; contar con mecanismos que eviten una doble tributación en el cobro de derechos; y prohibir expresamente la realización de actos de espionaje, intervención de comunicaciones, investigación de delitos o cualquier otra acción que atente contra la privacidad de las personas.
Añada la urgencia de unificar criterios para que una nueva Ley General de Seguridad Privada incluya lineamientos que apliquen a todos por igual, tanto en los estados como en los municipios, y en donde la coordinación principal dependa de los tres órdenes de gobierno.
