• En el sector mexicano de la seguridad privada, el marco regulatorio vigente ya suma 15 años de antigüedad.
• Entregada en abril de 2018, la propuesta para renovar la ley todavía no se discute en la Cámara de Diputados. Más de un año de espera.
• La ley actual ya no corresponde a la realidad del país, y abre la puerta a hechos de corrupción y extorsión.
Armando Zúñiga Salinas, coordinador General de las Asociaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME), solicita que la Cámara de Diputados -con carácter urgente- formalice la actualización de la Ley General de Seguridad Privada, lo que permitirá que la industria mexicana de la seguridad privada cuente con un marco jurídico robusto, el cual atenderá las irregularidades que hoy persisten en el sector -como la informalidad.
“Combatir la informalidad en el ámbito de la seguridad privada es una forma de proteger al pueblo. Por eso, la Ley General de Seguridad Privada es una meta clave para nuestro sector. Necesitamos un marco normativo -que al establecer criterios de registro, operación, capacitación y certificación- que integre a las organizaciones de la industria a una economía segura, eficiente y legal”, afirmó el coordinador General de ASUME.
La Ley General de Seguridad Privada fue aprobada por la Cámara de Senadores en abril de 2018, y desde entonces, está a la espera de su análisis y discusión en la Cámara de Diputados.
“El proceso legislativo ya no debe tomar más tiempo. La espera ha sido excesiva. La propuesta se empezó a trabajar desde febrero de 2017, cuando, en colaboración con Coparmex, se iniciaron las tareas para elaborar un proyecto de Ley General de Seguridad Privada, el cual fue consensuado por distintas mesas de trabajo que incluyeron a prestadores de servicios y autoridades reguladoras”, enfatizó Zúñiga Salinas.
Entre otras modificaciones a la ley que ASUME promueve, vale la pena destacar:
• Establecer un Comité de Reguladores y un Registro Único de Empresas, Personal y Equipo.
• Definir perfiles del personal y la obligatoriedad de la profesionalización permanentemente.
• Contar con mecanismos que eviten una doble tributación en el cobro de derechos.
• Prohibir expresamente la realización de actos de espionaje, intervención de comunicaciones, investigación de delitos o cualquier otra acción que atente contra la privacidad de las personas.
Asimismo, la unificación de criterios es otro factor que se necesita garantizar con urgencia, ya que una Ley General de Seguridad Privada debe incluir lineamientos que apliquen a todos por igual, tanto en los estados como en los municipios, y en donde la coordinación principal dependa de los tres órdenes de gobierno.
“Actualmente, operamos con una ley de hace 15 años, la cual no atiende las necesidades puntuales del sector; peor aún: fomenta confusiones que pueden derivar en actos de corrupción e intentos de extorsión”, añadió el coordinador General de ASUME.
Hoy, en México existen casi 6,000 compañías de seguridad privada; 3,640 acreditadas y 2,300 que operan sin registro ni personal certificado. De ahí el llamado de ASUME a la Cámara de Diputados: la actualización de Ley General de Seguridad Privada es un tema de la mayor transcendencia, no sólo por el beneficio de paz social que puede aportar, también fortalecerá a un sector que brinda empleo a más de 600,000 personas y representa el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
ASUME reitera su compromiso con el diálogo propositivo, así como su interés en contribuir, desde el ámbito de la seguridad privada, a la creación de una sociedad mexicana más segura. Por eso, los legisladores no pueden retrasar más la emisión de la Ley General de Seguridad Privada.
