Por Rogelio Varela
Las alertas se prenden en la CDMX, de Claudia Sheinbaum, cortesía de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), por lo que la jefa de Gobierno deberá dar seguimiento oportuno a las actividades que se realizan desde la dependencia a cargo de Ileana Villalobos, en materia de publicidad exterior, sector que podría significar ingresos anuales superiores a 7 mil millones de pesos.
Y es que, en la última comparecencia de Villalobos Estrada ante el Congreso local, no pudo informar de los ingresos obtenidos de la regulación de anuncios, pues se sabe ha limitado la recepción de solicitudes correspondientes a la Ley de Publicidad Exterior, con lo que cierra toda posibilidad para que los ciudadanos puedan regularizar los anuncios de sus comercios.
Motivo por el que existe incertidumbre sobre el monto recaudado y si la dependencia está cumpliendo con la legislación vigente, pues en lo que va del año en el rubro de propaganda comercial únicamente se han retirado 70 anuncios publicitarios, de los cuales el 65% corresponde a publicidad en mobiliario urbano, derivado de permisos que ni siquiera fueron emitidos por la Seduvi sino por la extinta Oficialía Mayor.
Dicha cifra deja mucho que desear si se compara con los 1,400 anuncios publicitarios retirados en los últimos tres años de la gestión de Miguel Ángel Mancera. Ante este escenario también genera dudas la participación del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), de María Idalia Salgado y su coordinación con la Seduvi para ordenar este sector.
Así, el estado de alerta se incrementa al conocer que de diciembre pasado a septiembre de 2019 solo se presentaron 70 solicitudes para obtener licencias o autorizaciones temporales para colocar anuncios, de las cuales 68 fueron negadas, situación que sería resultado de la decisión (o estrategia) de inhibir el ingreso de este tipo de trámites, mientras en la CDMX existen alrededor de 5 mil anuncios de propaganda comercial, algunos regulares y otros no.
La ruta del dinero
Vaya revés en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que lleva Mario Alberto Rodríguez Casas, pues a tres meses de detener la contratación de una nueva proveedora del servicio de limpieza, el instituto fue llamado a realizar un nuevo procedimiento, pues de acuerdo con las autoridades del Órgano Interno de Control, en la convocatoria IA-011-B00001-E315-2019 se violentó la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público al limitar la competencia entre los participantes y al no existir un estudio de mercado que sustentara la modalidad de “abastecimiento simultáneo”. Con dicho retraso la única beneficiaría fue Gott und Glück, firma a la que le extendieron el contrato, a pesar de que, en comparación con otras empresas de su ramo opera a costos 15% más elevados. Ahora el IPN tiene seis días para informar cómo procederá, ¿actuará en pro del ahorro o preferirá favorecer a particulares?
