Por Rogelio Varela
El crecimiento de la pandemia de COVID-19 no sólo manifiesto la profunda crisis en la que se encuentra el sistema de salud mexicano en cuanto a falta de infraestructura y personal médico especializado, crisis que se vive desde hace años, sino que también evidenció a algunas proveedoras del sector que no entregaron el producto y los servicios que se requerían.
La situación es lamentable, ya que la crisis sanitaria se utiliza como una ventana de oportunidad para hacer negocios a costa del erario público. Sin embargo, hay empresas que están en el ojo del huracán por sus métodos poco ortodoxos para ganar mercado, por lo que se espera sean sancionadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
El crecimiento de la pandemia de COVID-19 no sólo manifiesto la profunda crisis en la que se encuentra el sistema de salud mexicano en cuanto a falta de infraestructura y personal médico especializado, crisis que se vive desde hace años, sino que también evidenció a algunas proveedoras del sector que no entregaron el producto y los servicios que se requerían.
La situación es lamentable, ya que la crisis sanitaria se utiliza como una ventana de oportunidad para hacer negocios a costa del erario público. Sin embargo, hay empresas que están en el ojo del huracán por sus métodos poco ortodoxos para ganar mercado, por lo que se espera sean sancionadas por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Uno de los primeros casos surgió en febrero pasado, cuando el equipo de Alejandra Palacios castigó a un grupo de proveedores de guantes de polietileno que se pusieron de acuerdo para fijar el precio de sus insumos y descuentos en las licitaciones convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Zoé Robledo.
Otra de las empresas que más investigaciones y cuestionamientos tienen durante los últimos 4 años es Centrum Promotora Internacional, de Valentín Campos, un empresario que tanto la UIF de Santiago Nieto, el SAT de Raquel Buenrostro, así como Salud de Jorge Alcocer, deberían investigar a fondo.
Este distribuidor suma al menos 50 contratos desde diciembre de 2018. De ellos, 40 corresponden a 2019 y equivalen a 799 millones 805 mil pesos; mientras que 10 más iniciaron vigencia este año por un monto total de 96 millones 118 mil pesos, en organismos como el Instituto Nacional de Pediatría, los Servicios de Atención Psiquiátrica, y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Dicen los que saben que tiene un contacto cercanísimo a Zoé Robledo, organismo en el cual obtuvo 10 partidas de la licitación LA-050GYR988-E7-2019 para adquirir el Servicio Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2020-2022, en el que Centrum Promotora Internacional podría cobrar hasta mil 993 millones de pesos más IVA.
Las mismas autoridades desean que la Cofece termine con la investigación en contra de este proveedor, quien esta en la fase de presentar pruebas y argumentos, aunque si cometió anomalías es probable que sea impedido de participar en licitaciones públicas.
Uno de los primeros casos surgió en febrero pasado, cuando el equipo de Alejandra Palacios castigó a un grupo de proveedores de guantes de polietileno que se pusieron de acuerdo para fijar el precio de sus insumos y descuentos en las licitaciones convocadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Zoé Robledo.
Otra de las empresas que más investigaciones y cuestionamientos tienen durante los últimos 4 años es Centrum Promotora Internacional, de Valentín Campos, un empresario que tanto la UIF de Santiago Nieto, el SAT de Raquel Buenrostro, así como Salud de Jorge Alcocer, deberían investigar a fondo.
Este distribuidor suma al menos 50 contratos desde diciembre de 2018. De ellos, 40 corresponden a 2019 y equivalen a 799 millones 805 mil pesos; mientras que 10 más iniciaron vigencia este año por un monto total de 96 millones 118 mil pesos, en organismos como el Instituto Nacional de Pediatría, los Servicios de Atención Psiquiátrica, y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Dicen los que saben que tiene un contacto cercanísimo a Zoé Robledo, organismo en el cual obtuvo 10 partidas de la licitación LA-050GYR988-E7-2019 para adquirir el Servicio Integral de Estudios de Laboratorio Clínico 2020-2022, en el que Centrum Promotora Internacional podría cobrar hasta mil 993 millones de pesos más IVA.
Las mismas autoridades desean que la Cofece termine con la investigación en contra de este proveedor, quien esta en la fase de presentar pruebas y argumentos, aunque si cometió anomalías es probable que sea impedido de participar en licitaciones públicas.
Lo que se sabe es que el equipo de Palacios Prieto estaría a días de emitir la resolución de la investigación abierta bajo el número DE-011-2016, por la posible comisión de prácticas monopólicas de firmas que pertenecen al llamado cártel de la sangre, entre las que resaltan Dicipa, Abbott, Hemoser, Valtrum, Impromed, Falcón y la misma Centrum Promotora Internacional.
La ruta del dinero
Será en la segunda semana de junio cuando la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Senado, que preside Alejandro Armenta, lleve a cabo mesas de trabajo para discutir los 119 comentarios que recibió el Proyecto de Ley de Infraestructura de la Calidad, por parte del sector empresarial. Así, legisladores como Claudia Ruiz Massieu, Gustavo Madero, Gina Cruz Blackledge, Samuel Garcia y Joel Padilla, respaldaron a la IP en la urgente revisión de esa ley, la cual ha tenido por parte de Economía, de Graciela Márquez, una gran presión para aprobarse de manera exprés, siendo su principal argumento que esta regulación forma parte del paquete de normas necesarias para la entrada en operación del T-MEC.
