Por: Agustín Vargas
- UIF pretende ir tras ellos
- En la mira organizaciones no lucrativas
- Seguros de daños, parciales
A consecuencia de la pandemia por el Covid-19, a nivel mundial se ha detectado un aumento de fraudes financieros por impostores vía internet, por suplantación o por venta de productos o inversiones que no existen. Pero no sólo, también se han dado casos de adulteración o falsificación de medicamentos, así como venta de pruebas falsas y de esto último ya se han conocido casos en México.
En la oficina de Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, se tiene muy presente que en el marco de la contingencia sanitaria la delincuencia no se ha detenido, al contrario, ha buscado otras formas para seguir operando.
Entre ellas, contratación por Internet; fraudes de Internet y redes sociales; el uso de transmisores de dinero; utilización de depósitos en cuentas del sistema financiero que son retiradas de manera inmediata, así como la generación y crecimiento del uso en efectivo.
El cierre de las empresas no esenciales ha incrementado el uso del trabajo remoto y la interacción social en línea, con lo que las actividades de la delincuencia organizada brincaron de la ordinaria a la de línea, con el consecuente efecto en la defraudación cibernética.
Y eso es así porque cuando se tiene este tipo de pandemias, uno de los impactos directos es que el dinero empieza a circular en efectivo y en ámbitos fuera de la economía formal, al ser más fáciles y por tanto se requieren mecanismos que permitan fortalecer la economía formal.
En una reciente reunión del titular de la UIF con diputados, el funcionario detalló que a consecuencia de la pandemia Covid-19 en todo el mundo ha habido un aumento de fraudes financieros por impostores vía internet; bueno hasta se ha detectado un exorbitante incremento en la venta de insumos que no cumplen con los criterios específicos que necesita el sector salud, como son mascarillas o gel antibacterial.
El tema es que hay un aumento en las operaciones sustanciales en términos financieros y que son remotos y no presenciales, lo que provoca nuevos riesgos para las personas que generan actividad comercial.
Otro factor de riesgo para el aumento de las actividades delictivas es el desempleo, pues el reclutamiento de personas en esta situación por parte de los grupos delincuenciales sigue al alza.
En la mira de Santiago Nieto y su equipo están también las organizaciones sin fines de lucro. Se están revisando todas, primero para saber si realmente existen y que no se esté haciendo un mal uso de ellas para lavar dinero en estos momentos de contingencia y, segundo, detectar el surgimiento de organizaciones sin fines de lucro falsas, que empiezan a recopilar dinero por internet o redes sociales.
O sea, por todos los medios y formas posibles la delincuencia organizada sigue muy activa azotando a la sociedad mexicana, de por sí ya estresada por el confinamiento masivo derivado de la pandemia del Covid-19.
Seguros de daños
La sacudida telúrica de 7.5 grados en la escala de Richter que se sintió con mayor fuerza en la Ciudad de México, inevitablemente no remontó al amargo recuerdo de los sismos del 2017, que además de cobrar vidas humanas dejó sin patrimonio a decenas de familias que perdieron sus viviendas.
El temblor de ayer también nos hace recordar que el patrimonio de quienes tienen un crédito hipotecario no está protegido del todo, pues desde 2017 a la fecha las cosas no han cambiado mucho en el tema de “seguros de daños”.
A propósito de los daños causados a los inmuebles por los sismos, cabe destacar que en el 2018 la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), en aquel entonces bajo la batuta de Mario Di Costanzo, realizó un análisis a fondo de los “seguros de daños” que ofrecen tanto los bancos como las aseguradoras.
El resultado de la evaluación fue que las suma aseguradas debería ser igual al valor del inmueble, toda vez que el costo de la prima está calculado bajo dicho valor. En la mayoría de los casos la suma asegurada es menor al monto del crédito, lo que de inicio deja desprotegido al acreditado.
En promedio, para que el saldo insoluto quede cubierto, tendrían que transcurrir 10 años de amortización, pero, se perderían las mensualidades pagadas y el enganche. La finalidad del seguro de daños es la restitución del inmueble, la cual no se cumple, ya que el acreditado pierde su patrimonio.
La propuesta de la Condusef fue en el sentido diseñar un modelo de carátula de uso universal para las aseguradoras; establecer un procedimiento sencillo reportar el siniestro ante la aseguradora, así como el proceso indemnizatorio.
Para la propiedad en condominio propuso quedaran incluidas las partes proporcionales de los elementos comunes e indivisos del inmueble conforme a las escrituras y que la determinación de los daños debería ser realizada por un Director Responsable de Obra (DRO) o su equivalente que debería estar a cargo de la aseguradora, además de que la suma asegurada debería establecerse de forma clara y sencilla tomando en consideración el enganche, amortizaciones y el saldo insoluto.
La propuesta de la Condusef en aquel entonces quedó sólo en eso, como muchas otras que apuntaban a la auténtica protección de los usuarios, pues a las autoridades financieras no les interesó. Eventos como el de ayer, nos hacen ver que es urgente que las autoridades atiendan este tipo de situaciones.
