Última actualización el octubre 18, 2024
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Por: Agustín Vargas
- La osadía de Javier Laynez
- Enfureció al tigre de Palacio
- Plan B y la violación de derechos
- Corte, fiel de la balanza
Las manifestaciones ciudadanas en defensa de la democracia y la no desaparición del INE como pretenden el presidente López Obrador y sus secuaces de Morena, rindieron frutos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió suspender de manera indefinida la aplicación del llamado “Plan B” de la reforma electoral, que de entrar en vigor afectarían la estructura actual de los organismos electorales, a favor del gobierno y del partido en el poder.
El pasado 24 de marzo el Ministro Javier Laynez Potisek admitió la demanda de Controversia Constitucional que interpuso el INE en contra del “Decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral”.
Por ello, el Ministro concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
La acción jurídica que aplicó el Ministro Laynez, bastante bien sustentada conforme a las normas constitucionales, en contra de la aplicación del multicitado Plan B electoral, le ganó echarse encima al tigre desatado que vive en Palacio Nacional.
Laynez Potisek, Licenciado en Derecho por la Universidad Regiomontana y Maestro en Administración Fiscal, Maestro en Derecho Público y Doctor en Derecho Público por la Universidad de París IX Dauphine, se convirtió desde el pasado fin de semana en el tiro al blanco del señor López y pandilla, que no han dejado de propinarle improperios por el hecho de realizar su trabajo a apegado a la Constitución.
Los conocimientos jurídicos y de las normas constitucionales de Javier Laynez son irrefutables, aunque desde Palacio Nacional se diga lo contrario. El Ministro ha sido profesor de Derecho Administrativo, Derecho y Regulación, y Estructura Jurídica del Estado Mexicano, a nivel licenciatura y maestría, en el Colegio de México y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y ponente en distintos seminarios, cursos y conferencias en instituciones académicas, foros internacionales, e instituciones públicas.
Antes de ser Ministro de la Suprema Corte fue Procurador Fiscal de la Federación, del 1 de febrero de 2008 al 14 de abril de 2015 en los gobiernos de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y (2008 – 2012) y Enrique Peña Nieto (2012 – 2015).
Violación de derechos constitucionales
Sobre la suspensión del Plan B electoral del señor López la argumentación de Laynez, avalada por el pleno de la Suprema Corte se fundamentó en que el Decreto que le da vida no sólo contiene normas de carácter general sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede.
La SCJN ha resuelto en ocasiones anteriores que en Controversias Constitucionales sí corresponde otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, cuando pudieran vulnerar de manera irreparable derechos humanos. En este caso, según la argumentación de la Corte, se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía.
Si bien aún no se resuelve en definitiva ese tema, pues sólo se trata de una suspensión, aunque indefinida, es un claro revés al Ejecutivo a su intentona de apropiarse de las elecciones en puerta al pretender convertirse en organizador y árbitro de las contiendas, sobre todo la presidencial de 2024.
Las marchas, totalmente ciudadanas -sin acarreados- mostraron el verdadero músculo de la sociedad, harta de tanta burla, insultos, mentiras, calumnias, entre muchas otras sandeces y peroratas, por parte de quien ocupa como vivienda imperial el Palacio Nacional.
El principal punto de las marchas fue solicitar a la SCJN declare inconstitucional la reforma a diversas leyes electorales del señor López y enviar al “basurero de la historia” el plan electoral del mandatario y su gavilla morenista.
La sociedad en su conjunto expresó su confianza en el máximo tribunal del país para detener la embestida en contra de la democracia mexicana. Las manifestaciones del 13 de noviembre del 2022 y la del 26 de febrero de este año son un hecho histórico y trascendental para la vida política y democrática del país.
Aunque el señor López desconozca, descalifique e insulte la inteligencia de la sociedad, cada vez más participativa en contra de sus ocurrencias, lo cierto es que su actuación y su gobierno, desde ya, están transitando al “basurero de la historia”; en tanto, la SCJN tiene ante sí la oportunidad de devolver a la sociedad mexicana la confianza en las leyes y la defensa de la Constitución, columna vertebral del Estado de Derecho en nuestro país. En este momento histórico de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha convertido, sin duda alguna, en el fiel de la balanza y en el único poder real capaz de defender la democracia mexicana y sus instituciones.
