Rogelio Varela-
El Tramo 4 del Tren Maya implica una vía férrea de 230 kilómetros con estaciones en Chichen Itza, Valladolid y el Aeropuerto de Cancún.
Ruido en Tren Maya
Es público que el presidente Andrés Manuel López Obrador espera que la obra insignia de su gobierno, el Tren Maya, quede listo para su inauguración en diciembre próximo.
Sin embargo, entre los rieles yace un escándalo que bien podría echar abajo las aspiraciones del jefe del ejecutivo y descarrilar un proyecto clave para el desarrollo turístico de Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Campeche.
Para que nos entendamos mejor le comento los detalles de un escándalo recientemente destapado que amenaza con demorar hasta dos meses la conclusión del Tramo 4 del proyecto, el cual se extiende desde Izamal en Yucatán hasta Cancún en Quintana Roo.
Dicho tramo esta a cargo Empresas ICA, de Guadalupe Philips; sin embargo la alarma se ha disparado debido a problemas internos con uno de sus contratistas, Construcciones y Trituraciones, S.A. de C.V. (Cotrisa), quien se comprometió a la realización y diseño del proyecto eléctrico en dicho tramo a cambio de la suma de 3 mil 600 millones de pesos.
En medio de este conflicto surge la figura de IMA Especialistas en Electrificación Ferroviaria (IMAEEF), compañía subcontratada por Cotrisa para instalar, suministrar y construir el Sistema de Catenaria para el Tramo 4. Aquí es donde el drama se intensifica.
Después que Elizabeth Escamilla Gerónimo, accionista minoritaria de IMAEEF, conspirara para tomar control de la firma y de los 3,600 millones de pesos acordados con la filial de ICA, la empresa ha estado envuelta en tensiones internas.
Pues en el centro de la lucha de poder se encuentra Eric Pipiorski, accionista mayoritario con el 70% del capital, y quien ha sido el más afectado por estos eventos.
Las acusaciones contra Escamilla Gerónimo son serias, pues es señalada de convocar asambleas ficticias para excluir a Pipiorski de la junta directiva y de destituir ilegalmente a técnicos especialistas. Además, se cree que, en colaboración con Emiliano Vargas de Inver-Planning, la mujer logró obtener de manera fraudulenta la firma electrónica del accionista mayoritario, con el objetivo de adueñarse de los fondos federales, los cuales ha invertido para comprar favores, como el de Liliana Gutiérrez Robles, la notaria que avaló la revocación de poderes de Pipiorski y otros especialistas.
En otro movimiento, los afectados señalan que Escamilla Gerónimo, con la ayuda del despacho Cervantes Abogados, expulsó a finales de abril de este año a los directivos y empleados de IMAEEF de sus instalaciones en Yucatán y en la Ciudad de México. Como si fuera poco, también les fueron arrebatados sus equipos de cómputo, vehículos y correspondencia electrónica, y se les informó de su despido.
Este asunto, más que un pleito corporativo, sin duda adquiere dimensiones aún mayores cuando consideramos que se ven involucrados recursos nacionales.
Habrá que seguir de cerca este caso, pues las consecuencias podrían repercutir en el éxito y en los plazos de conclusión de uno de los proyectos más emblemáticos de la actual administración.