Parece que la presidenta Claudia Sheinbaum entra al juego de la oposición y busca fijar en 24 pesos el precio máximo de la gasolina regular, lo que entraña varios riesgos.
Si bien la inflación en las primeras semanas del año palideció la llamada “Cuesta de Enero”, en el tema de precios un tema que preocupa a la 4T son las gasolinas.
Por lo pronto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afina un acuerdo con el gremio gasolinero para migrar a un esquema de precio máximo que ha encendido las luces amarillas en el sector privado por el tufo que tiene a un control de precios.
Y bueno, de alguna manera, la presidenta Sheinbaum sale al paso a las críticas desde la oposición, tanto el PRI como el PAN, que piden al gobierno bajar el precio de la gasolina para aliviar la economía de familias y empresas.
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas ha recordado que Morena prometió que el precio de la gasolina sería de 10 pesos por litro, algo muy lejano a la realidad.
“Alito” además comparó cuánto cuesta un litro de gasolina en Estados Unidos, algo así como 13 pesos, cuando aquí la Magna ronda los 24 pesos el litro, y la Premium se vende arriba de 26 pesos.
La propuesta de Palacio Nacional es topar la Magna precisamente en 24 pesos, pero la cosa no es tan fácil.
Desde el 2018 el precio de la gasolina en nuestro país ha aumentado 28.3 por ciento en términos nominales; el año pasado el alza fue de 6 por ciento cuando la inflación general quedó en 4.2 por ciento, y lo cierto es que la venta de gasolinas se ha convertido en una fuente de recaudación muy importante para las arcas públicas si pondera que del precio total 50 por ciento es el costo del combustible, 40 por ciento son impuestos, y el otro 10 por ciento son costos y ganancias de los gasolineros.
Como es público, cada semana se determina el estímulo fiscal a los combustibles que a veces baja o de plano no se otorga, todo en función de las necesidades de liquidez del gobierno.
Desde la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos (Onexpo) que a nivel nacional preside Jorge Mijares Casas, le dicen al gobierno que si bien están abiertos al diálogo, se ve complicado aplicar un precio máximo en todo el país, ya que no es lo mismo llevar gasolina al centro que al sureste, por las diferentes condiciones de mercado que tiene el país, sin olvidar el huachicol que significa una competencia desleal para los gasolineros.
Es decir, cuesta trabajo pensar que los márgenes de 6 pesos que refiere el gobierno son iguales para todos los gasolineros.
Añada que la red de gasolineras desde la pasada administración no ha crecido pues no hay nuevos permisos para estaciones de servicio, de ahí que apenas existan unas 13 mil 700 gasolineras, y el consumidor en muchas poblaciones tiene pocas alternativas para abastecerse de combustibles.
Del universo de gasolineras hasta el año pasado 7 mil 533 eran franquicias de Pemex y 6 mil 200 de otras marcas, y topar el precio eliminaría incentivos de mercado para el segundo grupo distribuidor.
El otro riesgo es que un precio máximo a la gasolina impacte las arcas públicas al reducir los ingresos por el cobro del IEPS, lo que va en contrasentido del ajuste fiscal que se prometió para 2025, y que tiene en vilo a las calificadoras.
En el pasado ya se ha comprobado que un control de precios no es la solución a la inflación, y entre las distorsiones que pueden presentarse en la economía quizá la más grave es alentar una escasez del producto al reducir los márgenes de ganancias por decreto, sin ponderar el tema de los costos, pero hay prisa en Palacio Nacional, lo que se ve más como un tema político donde la presidenta Sheinbaum ya le entró al juego de la oposición con un precio tan sensible como el de la gasolina.
La ruta del dinero
La nota es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene como ministra presidenta a Norma Piña, confirmó la validez de las facultades de investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de Andrea Marván Saltiel y, con eso, puso fin a más de 5 años de litigio en donde Aeroméxico promovió varios recursos e impugnaciones en contra de una multa de 88 millones de pesos que fijó el ente antimonopolio en 2019 por haberse coludido para manipular los precios de sus boletos de avión en diversas rutas, afectando a más de 3 millones de pasajeros. El caso es que la Segunda Sala validó en última instancia la sanción impuesta por la Cofece. Como en muchos otros casos, gran parte de la evidencia que sustentó el caso en contra de Aeroméxico se obtuvo a través de la realización de visitas de verificación sorpresa, una de las principales herramientas de investigación con las que cuenta la autoridad. Estas visitas de verificación permiten llegar a las oficinas de las empresas infractoras y recolectar evidencia física y electrónica clave para la investigación que, de otra manera, puede ser destruida. En este caso, la Cofece realizó una visita de verificación sorpresa y encontró correos electrónicos entre directivos de las aerolíneas en los que, haciendo uso de apodos, códigos y direcciones de correo falsas para ocultar el acuerdo ilegal, conspiraron para manipular el precio de los boletos de avión. Hete aquí que Aeroméxico, que comanda Andrés Conesa, impugnó ante la SCJN la sanción de la Cofece, argumentando que este tipo de correos constituyen “comunicaciones privadas” y, por lo tanto, no pueden ser obtenidos ni utilizados como evidencia, pero la SCJN no lo consideró así ya que esa clase de información no se encuentra amparada por la protección a comunicaciones privadas y puede ser utilizada por el Estado para investigar y sancionar conductas monopólicas que afectan a los consumidores mexicanos, sobre todo si se considera que se trata de comunicaciones entre empresas o su personal, relativas a actividades comerciales. Como imaginará, la resolución cayó como balde de agua helada en Aeroméxico cuando prepara su regreso a las bolsas de México y Nueva York, y claro está, por el monto de la multa.
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