El SAT revisa los controles volumétricos del sector gasolinero para cotejar la venta de hidrocarburos y su relación con las compras a Pemex y el pago de impuestos
El descubrimiento de un predio ubicado en Ensenada, Baja California donde se encontraron casi 8 millones de litros de hidrocarburos es solo la punta del iceberg de un ataque al huachicol fiscal donde además de aduanas estarían vinculados políticos, empresarios y distribuidores de combustibles.
Hablamos del “Decomiso de Oro” que ejecutó la semana pasada la secretaría de la Defensa Nacional al mando del secretario Ricardo Trevilla Trejo y la Guardia Nacional, pero donde ya han tomado cartas en el asunto Hacienda que lleva Edgar Amador Zamora a través del regreso de la subsecretaría de Ingresos de Carlos Lerma Cotera, y por supuesto el SAT, cuyo responsable es Antonio Martínez Dagnino.
El mandato desde Palacio Nacional es revisar a fondo el huachicol fiscal con el foco de revisar la recaudación de impuestos en aduanas y con la venta de gasolinas y diésel.
La propiedad asegurada se relaciona con Gerardo Novelo Osuna, ex senador de Morena donde se encontraron 119 cajas tico frac tank con capacidad de 72 mil 800 litros cada una, 46 remolques tipo cisterna de diferentes volúmenes.
Por el tamaño del decomiso el SAT revisa los permisos para importar y vender combustibles y definir el origen de los petrolíferos porque también existe la sospecha de su extracción ilegal afectando los ductos de Pemex que lleva Victor Rodríguez Padilla.
La investigación va también contra el gremio gasolinero donde el SAT revisa los controles volumétricos de estaciones de servicios para tratar de encontrar alguna anomalía al cotejarse con las compras que hacen a Pemex y la cantidad que expenden al público en general.
Por las dimensiones del predio y la cantidad de pipas confiscadas la autoridad federal quiere llegar hasta las últimas consecuencias y no se descarta que ese tipo de decomisos puedan presentarse en otras partes del país bajo la presunción que el huachicol de combustibles ventilado como un mensaje político en la pasada administración nunca se fue e incluso se sofisticó al no atacar los ductos de Pemex sino a través de importaciones fraudulentas.
La pregunta es cuántas autoridades federales, aduanales, de aduanas y del sector energético sabían del tema.
La ruta del dinero
Nada que la cortina de humo del caso Cuautémoc Blanco ayudó para bajar la presión de las investigaciones al centro de reclutamiento y exterminio de Teuchitlán, Jalisco y como carambola de tres bandas implicó al PRI por su votación en San Lázaro en el mes de la mujer, por cierto. El argumento manejado es que el tricolor habría votado por la negativa al desafuero del exgobernador de Morelos y diputado por Morena, cuando el objetivo es evitar el carpetazo al asunto y exigir una investigación de la Fiscalía estatal donde se otorguen garantías a la víctima. La realidad es que Morena con sus aliados tenía los votos suficientes para tener el tema bajo control. Y es que de 291 votos emitidos sólo 37 fueron de la bancada del PRI, lo que arroja una diferencia de 254 votos suficiente para darla oxígeno al político-futbolista, pero el oficialismo y sus aliados se encargaron de llevar al partido que preside Alejandro Moreno Cárdenas a la picota cuando en no los necesitaba el partido guinda, de ahí que sea falso una negociación con los tricolores como se mencionó profusamente en medios y redes sociales… Una buena noticia para los anfitriones de plataformas de hospedaje se dio la semana pasada luego que jueces federales otorgaron sendas suspensiones en contra de las reformas a la Ley de Turismo de la Ciudad de México y su Reglamento, incluyendo el límite impuesto al número de inmuebles y noches en las que se puede prestar el servicio de Estancia Turística Eventual. En el amparo, se argumentó que las reformas a la regulación son desproporcionadas, ya que restringen los derechos de los anfitriones como libertad de trabajo y de comercio, así como que afectan la libre competencia, por lo que han otorgado estas suspensiones para que no se afecte a los anfitriones y el servicio que ofrecen. La suspensión definitiva, otorgada por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, permite que los anfitriones continúen utilizando sus inmuebles como lo han realizado desde antes de las reformas, lo que implica que no se les apliquen las consecuencias o los límites previstos en las reformas.
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