La corrupción y la impunidad envuelven el caso de Teuchitlán, en donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó un crematorio clandestino.
Documentos oficiales revelan el hallazgo, desde hace seis años, de cuerpos incinerados en la misma zona.
Un informe oficial consultado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) detalla que elementos de la Guardia Nacional reportaron el 10 de agosto de 2019 que habían localizado una finca con varios cuerpos que habían sido calcinados en Teuchitlán, cerca de la comunidad de La Estanzuela, la misma zona donde los buscadores localizaron a inicios de marzo de 2025 el crematorio.
El informe de la Guardia Nacional detalla que los restos quemados habían sido localizados entre sembradíos de maíz.
Y, al igual que en el hallazgo realizado este mes por los buscadores, hace seis años se encontraron abandonados y regados zapatos de las víctimas, por lo que desde entonces se presumía que en ese lugar había una fosa clandestina, debido a que había restos humanos “que presentan mayor antigüedad”, según refiere el reporte que fue compartido con los servicios de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional.
El reporte refiere que en el extenso predio que fue acordonado se observaba una gran mancha negra donde se prendió el fuego y donde quedaron los cuerpos incinerados.
Déjenos trabajar
Siete meses después del hallazgo de los cuerpos calcinados, fue remitido a la Coordinación estatal de la Guardia Nacional en Jalisco un reporte del comisario de Teuchitlán, en el que informaba que el representante de un grupo criminal había contactado al batallón a su cargo para intentar sobornar a los agentes a cambio de que “le bajen a la intensidad de las operaciones”.
El reporte fechado el 21 de marzo de 2020 refiere que la persona que los contactó solicitó: “Lo único que ellos (los criminales) piden es que los dejen trabajar”.
El contacto quedó en volver a llamar para “llegar a un acuerdo sobre la cantidad de dinero y la fecha de entrega”. Según el reporte, el comisario le respondió que “no ocupaba dinero ni obsequios”, por lo que rechazó el soborno. Y ante posibles actos de venganza se reforzó la seguridad perimetral en la base de operaciones.
El rancho fue cateado hace 6 meses
Una denuncia anónima alertó a los elementos de la Guardia Nacional y a los integrantes del Ejército Mexicano sobre un grupo de personas armadas que estaban en un rancho abandonado en la comunidad de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán.
Era el 20 de septiembre de 2024 cuando las autoridades mexicanas llegaron al Rancho Izaguirre. Apenas se acercaron se comenzaron a escuchar detonaciones de armas de fuego que provenían del interior del rancho.
Los elementos de seguridad comenzaron un operativo de intervención en la que según las propias autoridades “no se realizó ningún disparo”.
Un comunicado difundido aquella tarde de septiembre presume que en el Rancho Izaguirre fueron detenidos 10 presuntos delincuentes quienes portaban armas de fuego y fueron rescatadas dos personas maniatadas.
Las autoridades catearon el rancho y además de las dos personas secuestradas, encontraron cuatro fusiles de asalto, dos armas cortas, 21 cargadores, una granada de mano, diez placas balísticas, cinco chalecos tácticos y cuatro vehículos.
Sin embargo, en el cateo pasó de largo que en el sitio había indicios de que el sitio había funcionado como crematorio clandestino.
En el documento no se hace mención de los restos humanos que serían encontrados seis meses después.
De la omisión a la impunidad
Ocho días después de que se hiciera público que habían encontrado a 10 presuntos delincuentes en la propiedad ocupada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los mensajes anónimos comenzaron a inundar el buzón electrónico de la página de Facebook del colectivo.
Todos los mensajes decían lo mismo: “Acudan al lugar. Hay muchos cuerpos en ese rancho”. Ellos querían ir desde ese momento, pero les hacía falta dinero para poder trasladarse á hacer las labores de búsqueda.
Una nueva llamada telefónica volvió a alertarles de que fueran al lugar. Esa llamada llegó previo a ese 5 de marzo. El Colectivo no podía seguir postergando su visita.
Una hora y 20 minutos de camino les tomó llegar al Rancho. La primera sorpresa de Raúl fue darse cuenta que la propiedad ni siquiera estaba asegurada.
“Llegando al lugar no había acordonamiento, no había cadenas, no había candado, no había sellos, no había nada; así que nosotros decidimos ingresar y empezar a hacer nuestros trabajos”.
Cada vez que entra a una zona de búsqueda, el pensamiento del hombre de 53 años de edad es el mismo: quizá sea aquí donde encuentre a su hijo Raúl Servín Galvan, de 20 años de edad, que desapareció el 10 de abril de 2018. Raúl (padre) tiene 3 años trabajando en campo, excavando entre fosas clandestinas, esperando encontrar alguna pista de su hijo.
“Te hace pensar muchas cosas (las excavaciones). Que a lo mejor en su momento mi hijo pudo haber estado ahí o lo tuvieron en ese lugar ahí detenido en contra de su voluntad”.
Raúl entró a una de las bodegas que están en el interior de la propiedad y comenzó a excavar. A menos de 30 centímetros de profundidad encontró decenas de casquillos oxidados y los comenzó a separar. Al lado de ellos, bolsas con balas de gotcha también salieron a flote y al alzar la vista los montículos de ropa y calzado abandonados.
“Sabíamos que si íbamos a encontrar algo a la hora que llegara la Fiscalía o la policía municipal, que se iba a quedar como primer respondiente, queríamos que vieran lo que habían dejado de hacer, de trabajar; tanto como Fiscalía como Policía Municipal (…) No se llevaron la evidencia, porque encontramos muchísima evidencia en el lugar. No entendemos el por qué no hicieron los trabajos que tenían que hacer como llevarse las cosas que sirven. Es evidencia que les pudo haber servido para ver si traía las huellas, para poder proceder con las personas que fueron los responsables”.
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