La nueva Ley de Telecomunicaciones en México preocupa por su impacto en la competencia, la inversión y la libertad de expresión. ¿Está el gobierno priorizando el control por encima del desarrollo?
Reza la sabiduría popular que “no se puede chiflar y comer pinole”, y esta expresión le viene como anillo al dedo a la reciente reforma a la Ley de Telecomunicaciones y a la hoy empoderada Agencia de Transformación Digital, encabezada por José Peña Merino. Esta ley, lejos de fomentar la inversión y la innovación, parece estar diseñada para inhibir el crecimiento económico y restringir la libertad de expresión.
Muchos especialistas consideran esta reforma como autoritaria y restrictiva. Está pensada para modificar el sistema regulatorio de las telecomunicaciones, la radiodifusión y los ecosistemas digitales.
Uno de los puntos más críticos es la concesión gratuita del espectro al Ejecutivo, a través de Altán Redes, lo que le permite competir en el mercado minorista. Este modelo beneficia directamente a operadores como Walmart, con su OMV Bait.
Esta medida excluye a grandes jugadores como Telcel, AT&T y Telefónica, generando un entorno de competencia desleal. Mientras estos operadores han invertido miles de millones de pesos en infraestructura, Altán Redes ha recibido el espectro sin licitación. El gran beneficiario no parece ser la población, pues si el espectro es gratuito, el servicio también debería serlo.
Sin embargo, el beneficiado real es Bait-Walmart, que genera ingresos sin invertir más que en publicidad. Ya no se sabe si regalan megas por comprar productos o si entregan despensas por adquirir datos móviles. Así de confuso —y torcido— está este esquema.
La falta de licitación y el regalo del espectro no solo desincentivan la inversión privada, sino que también comprometen el desarrollo de tecnologías avanzadas como el 5G. En lugar de aprovechar esta oportunidad para liderar en innovación, la ley parece hecha a la medida de unos pocos, sacrificando el crecimiento del sector.
Según datos del sector, la inversión en telecomunicaciones en México ha disminuido drásticamente. América Móvil, de Carlos Slim, ha reducido su inversión en el país, destinando solo una pequeña fracción de su presupuesto, mientras que Brasil ha captado más del 60% de los recursos de la empresa.
Además de los efectos económicos, la ley representa una seria amenaza para la libertad de expresión. El gobierno, que se autodenomina el “Segundo Piso de la 4T”, encontró el pretexto perfecto para mostrar su talante autoritario, tras un comercial del gobierno de Estados Unidos transmitido en televisión nacional.
A raíz de ese evento, el gobierno de Claudia Sheinbaum aceleró la reforma, la cual incluye disposiciones que permiten controlar el contenido distribuido en redes. Esto implica que cualquier mensaje que no sea acorde con la narrativa oficial puede ser censurado, y los operadores que no obedezcan podrían perder su infraestructura.
Este tipo de control gubernamental recuerda a regímenes autoritarios y constituye una amenaza grave para la neutralidad de la red, base de una sociedad libre y democrática. La ley podría obligar a las plataformas a eliminar contenido no favorable al gobierno, limitando así la pluralidad de opiniones y el acceso a información imparcial.
La nueva Ley de Telecomunicaciones también impactará negativamente a sectores que dependen de una infraestructura sólida, como la minería o los puertos. Además, podría dañar seriamente las relaciones comerciales con Estados Unidos. El incumplimiento de tratados como el T-MEC podría derivar en sanciones que afecten la economía nacional.
La incertidumbre y la falta de transparencia en la implementación de la ley desalientan aún más la inversión extranjera. Los inversionistas buscan entornos estables, no medidas arbitrarias que favorezcan a unos pocos.
Esta reforma no solo pone en jaque el desarrollo tecnológico, la inversión y la competencia en México. También limita la libertad de expresión y empobrece el ecosistema democrático. Mientras algunos influencers o youtubers amantes de la 4T celebran sin entender el fondo, la ley parece diseñada para facilitar la difusión de mensajes oficiales y acallar a quienes piensan diferente, todo esto bajo el cobijo de Pepe Merino y su agencia.
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