Última actualización el 30 de mayo de 2025
Tiempo de lectura: 3 minutosUna elección en la que la popularidad, la simpatía y el carisma poco tienen que ver en la lucha para ganarse el voto de los electores.
A unas horas de que tenga lugar la jornada electoral judicial para jueces, magistrados y ministros, el próximo primero de junio, el tema que preocupa al oficialismo es el poco entusiasmo que, desde un principio, ha demostrado la ciudadanía por participar en esta elección. Los pronósticos no son muy positivos y, el reto, después de haber sacado adelante una polémica Reforma Constitucional del Poder Judicial de la Federación, aprovechando una cuestionada mayoría calificada de la bancada morenista en el Congreso Federal, pareciera estar en alcanzar una mínima votación que permita darle tranquilidad legitimadora a la fase final del tema más controvertido de esta Reforma Constitucional, la elección por voto popular de los juzgadores de todo el Poder Judicial.
Por lo inédito del proceso y, siendo la judicial, una materia con la que, el pueblo bueno y sabio, está poco familiarizado, resulta que, no obstante que en estas últimas semanas se intensificaron los mensajes oficiales promoviendo la elección, el interés ciudadano poco se conmovió. Tampoco ha ayudado mucho, la información, tanto oficial como de la oposición, coincidente en cuanto a la complejidad y dificultades para los electores que tendrán que emitir un voto a ciegas, al no conocer a los candidatos que se supone estarán eligiendo y su absoluto desconocimiento sobre los cargos para los que, estos, estarán compitiendo.
Qué tanto puede saber un elector, no teniendo conocimientos de derecho, qué funciones desempeña un Juez de Distrito, un Magistrado de Circuito o un Ministro de la SCJN. Además, de que, para su vida cotidiana, poco importa que lo supiera.
Aunque se insista en que, con la elección popular de juzgadores, se tendrá una mejor justicia y nuestro país será más democrático, la realidad es que la materia judicial es una especialidad que requiere de una formación académica y conocimiento a fondo de las leyes. Los juzgadores están obligados a aplicar las leyes y, en base al análisis y a su interpretación, dictan sus sentencias. Sus fallos deben estar fundados y motivados en un marco jurídico que es el sistema de leyes que establece derechos, obligaciones y responsabilidades dentro de un contexto específico. Un juez no puede resolver un caso, ignorando lo que ordena la ley, aunque, según su criterio, esté haciendo justicia a una de las partes, porque estará cometiendo una injusticia a la otra parte, a la que protege la ley.
La responsabilidad de esta novedosa elección es del Instituto Nacional Electoral, que sobre la marcha fue desarrollando el diseño de un proceso electoral con muchas lagunas y deficiencias, derivado de una reforma aprobada al vapor, también a ciegas. Por el número de participantes, 3,423, y la cantidad de cargos judiciales en juego, la elaboración de las boletas electorales se dificultó y no hubo manera de simplificarlas. A los electores se les entregarán, en el caso de la CDMX, nueve boletas para elegir 881 cargos judiciales federales, además de 137 juzgadores del Poder Judicial Local.
No hay forma de considerar un voto informado, pues se requeriría de mucho tiempo para conocer los perfiles de los candidatos que le correspondan, según su distrito judicial. Además, la información es la proporcionada por los propios candidatos como parte de su propaganda, lo que impide tener una semblanza objetiva de los aspirantes. A estos personajes, también se les complicó hacer campaña, por las limitaciones impuestas por la autoridad electoral. Sin experiencia y para cargos técnicos, les resultó muy difícil acercarse al electorado con un discurso en el que lo más que pueden ofrecer es respetar la ley y aplicarla con justicia. Una elección en la que la popularidad, la simpatía y el carisma poco tienen que ver en la lucha para ganarse el voto de los electores.
Según información del INE, se recibieron poco más de 316 mil solicitudes de registro como observadores electorales. Cinco veces más que las que hubo para la elección presidencial de 2024. Este inusitado interés, despierta sospechas. Al 21 de mayo, 139 mil habían sido aprobadas. Otras fueron desechadas por no cumplir los requisitos legales o por haber sido solicitadas por miembros de partidos políticos, por candidatos a puestos de elección popular o por
servidores públicos vinculados a programas sociales.
Entre las medidas por la desesperación de última hora, surgieron unos acordeones con indicaciones para orientar los votos a favor de quienes reparten estos documentos. Violatorios a la ley, sin duda, aunque la autoridad electoral prefiere no meterse en honduras, afirmando que los electores podrán acudir a las urnas con acordeones. No olvidemos que la sobre vivencia del INE dependerá del resultado de esta elección. De ahí su muy generosa tolerancia ante los actos violatorios de la ley cometidos por partidos, funcionarios y candidatos. Estos últimos, precisamente, quienes debieran ser los primeros en respetar el imperio de la ley.
Miguel Tirado Rasso
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