En los últimos años, como respuesta a los altos niveles de violencia e inseguridad que persisten en diversas regiones del país, la política criminal en México ha estado marcada por un énfasis creciente en el endurecimiento de sanciones y la ampliación de las facultades punitivas del Estado. Diversos especialistas en derecho penal coinciden en que esta perspectiva ha dejado en segundo plano el desarrollo de políticas públicas sólidas orientadas a la prevención del delito.
El modelo penal mexicano actual privilegia mecanismos de reacción como el aumento de penas, la ampliación de la prisión preventiva y la creación de nuevos tipos penales sin una inversión equivalente en estrategias de prevención social, educación, atención a factores de riesgo, reinserción social y fortalecimiento institucional.
El informe de agosto del Cuaderno Mensual de Información Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad, indica que en México hay 102.053 personas en la cárcel sin sentencia, es decir, 40.4% de la población en prisión que está procesada, todavía no recibe una resolución.
En este contexto, expertos en materia jurídico-penal de la firma Valencia & Asociados, Abogados Penalistas, plantean que el sistema penal mexicano enfrenta retos fundamentales que deben ser abordados con una visión integral y de largo plazo.
“Es imperativo que la política criminal en México trascienda la visión reactiva y punitivista. Una verdadera transformación del sistema de justicia requiere transitar hacia un modelo que priorice la prevención del delito, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la implementación efectiva de mecanismos de justicia restaurativa”, destaca Lesly Fernanda Valencia González, socia fundadora de Valencia & Asociados.
El análisis de la firma subraya tres ejes fundamentales para enfrentar los desafíos de 2026:
Prevención Integral: Fortalecer la prevención social del delito para intervenir en las causas raíz de la violencia, mediante programas que fomenten la cohesión social, la educación y el empleo, reduciendo la vulnerabilidad de grupos específicos.
Justicia Restaurativa: Impulsar modelos de justicia que se centren en la reparación del daño a las víctimas y la reintegración de los ofensores, permitiendo despresurizar el sistema penal y ofrecer soluciones más humanas y efectivas para la resolución de conflictos.
Fortalecimiento de las Instituciones de Justicia: Profesionalizar y dotar de mayores recursos a las fiscalías y cuerpos policiales para mejorar la calidad de las investigaciones, garantizar el debido proceso y combatir la impunidad desde una perspectiva científica y técnica.
La firma destaca que la adopción de una política criminal basada en la evidencia y el respeto a la dignidad humana no solo mejorará la operatividad del sistema de justicia, sino que contribuirá de manera directa a la construcción de una paz duradera en el país.
Valencia & Asociados hace un llamado a las instituciones del Estado, la academia y la sociedad civil para abrir un debate público informado que permita evaluar no sólo el alcance del modelo punitivo vigente, sino también su efectividad real para reducir la violencia, garantizar derechos fundamentales y fortalecer el Estado de Derecho en el país.
Autor: Lesly Fernanda Valencia González; abogada penalista y socia fundadora de Valencia & Asociados, Abogados Penalistas
