La reciente cumbre en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el gremio gasolinero ha sellado un compromiso de “buena fe”: fijar el precio del diésel en 28 pesos por litro como medida de emergencia para contener la presión inflacionaria.
Sin embargo, detrás del apretón de manos y la consigna de mantener ese tope “hasta que las cosas se compongan”, subyace una crisis de gobernanza administrativa que ningún acuerdo de precios puede resolver por decreto.
Para los operadores el verdadero nudo gordiano no es solo el margen de comercialización, sino la parálisis en la personalidad jurídica ante los reguladores.
Hablamos de una paradoja técnica: se pide al sector privado “apoyo regulatorio” y operativos de notificación inmediata para paliar el desabasto en las terminales, mientras la burocracia mantiene bajo llave la validación de poderes y la vigencia de los permisos esenciales para operar.
La realidad en las Terminales de Almacenamiento y Despacho (TAD) es que la urgencia logística choca de frente con la falta de representación legal.
Y es que un comercializador de diésel no puede ejercer actos de dominio ni defensa jurídica si sus colaboradores carecen de poderes acreditados ante la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el SAT.
Sin esa personalidad jurídica cualquier entrega-recepción de activos es un salto al vacío, y si un permiso caduca durante el proceso de plano el operador queda desarmado, incluso para solicitar un amparo con un riesgo patrimonial tangible.
La ley es clara: la responsabilidad de entregar permisos vigentes recae en quien cede la operación, y cualquier incumplimiento obligación omitida puede ser demandada con efectos retroactivos de hasta dos años.
En este contexto, el acuerdo de los 28 pesos es una medicina paliativa para un sistema que padece una infección estructural donde de poco sirve pactar un precio en la bomba si la cadena de suministro está estrangulada por la falta de inventarios y una infraestructura de almacenamiento que opera al límite de su capacidad técnica.
En el sector queda claro que la estabilidad del mercado energético nacional no depende de la voluntad política, sino de la certidumbre legal, y de no resolverse el atasco administrativo el pacto para fijar el precio del diésel será solo un parche temporal ante una parálisis operativa que amenaza con detener la carga del país.
La ruta del dinero
Banamex anuncia relevó en la dirección general del grupo financiero: Manuel Romo Villafuerte entregará la estafeta a Edgardo del Rincón a partir del primero de junio próximo. Hablamos de un ejecutivo que conoce muy bien a Banamex ya que en una etapa previa estuvo 34 años en esa entidad con acento en la banca de consumo. Y bueno, Romo entrega un banco en crecimiento tras la separación de Banamex de Citi.
Ubimia, la firma de tecnología enfocado al mercado bancario que lleva aquí Diego Rodríguez, incorporará herramientas de IA en sus sistemas dedicados a originar créditos tendiendo como foco préstamos para el sector automotriz y créditos personales.
A pesar de un entorno económico complicado en varios países Gruma que lleva Juan Antonio González Moreno logró en el primer trimestre del año un flujo libre por 261.9 millones de dólares, mientras que sus ganancias netas alcanzaron 100.7 millones de dólares.
