Si hay algo en lo que fue pionero el grupo delincuencial conformado por el cártel de las drogas conocido como “el de las cuatro letras”, es decir el Cártel Jalisco Nueva Generación, fue en el establecimiento de un conglomerado de empresas, tipo “franquicia”, a través del cual se realizó – y aún en la actualidad se lleva cabo – el lavado de dinero a gran escala, tanto en México como en otros países, incluido Estados Unidos.
Es por ello – y ante las evidencias existentes – que la Fiscalía General de la República (FGR) ha emprendido una serie de investigaciones surgidas a raíz de las revelaciones hechas a mediados de mayo pasado por un contador plenamente identificado, quien acudió ante el Ministerio Público Federal a realizar una serie de denuncias ministeriales en contra de Rafael Anzures Ortiz, Director Jurídico de la Cooperativa La Cruz Azul.
Las denuncias presentadas forman parte de una gruesa carpeta de investigación en la que además de la FGR “se da vista” al Servicio de Administración Tributaria (SAT) así como a la Unidad de Inteligencia Financiera por presuntos vínculos de la cementera con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de supuestas operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos.
De acuerdo con las denuncias, Anzures Ortiz es investigado por presuntas operaciones relacionadas con el desvío de recursos por más de mil 100 millones de pesos, presunto lavado de dinero por 53.5 millones de dólares así como supuestos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El denunciante aseguró que tuvo acceso a la contabilidad, estados financieros y transferencias bancarias de empresas relacionadas con la Cooperativa La Cruz Azul, además de haber acompañado al directivo en la entrega de grandes cantidades de efectivo. Se hace constar que desde 2020 Anzures habría participado en una vasta red dedicada al blanqueo de capitales.
Las acusaciones contra Rafael Anzures se encuentran debidamente sustentadas en las denuncias que obran en poder del MP federal y corresponderá a las autoridades competentes determinar si existen elementos para avanzar en las investigaciones y fincar las responsabilidades correspondientes.
Los recursos, señalan las denuncias, se lavaron con la compra de inmuebles y vehículos de lujo, pagos de tarjeta de crédito, depósitos a una facturera y contratos millonarios fraudulentos, algunos por servicios legales que nunca fueron prestados y otros por la compra de insumos para la cementera.
“Yo me encargaba de ‘cuadrar’ su contabilidad y tuve acceso a sus transferencias bancarias y llegué a acompañarlo a la entrega de grandes cantidades de dinero en efectivo. Él llamaba a gente de la empresa haciendo alusión al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización para la cual lava dinero, ya que guarda un vínculo con José Elías Celis (a) “El Chipo”, operador financiero de la organización. Por lo que sé, es dueño de varios inmuebles pagados en efectivo y otros construidos desde cero con materiales que sustraía de Cruz Azul (algunos de ellos a través del uso de prestanombres)”, indica la denuncia en poder de las autoridades.
Éxito poblano…
Una pesadilla no dejaba tranquilos a los poblanos. Durante varios meses, un sujeto se había dedicado a disparar a motociclistas y automovilistas con un rifle. La Instrucción fue directa del gobernador Alejandro Armenta: atrapar a dicho sicópata. Y, con base en investigación e inteligencia criminal, lo logró. Para ello, participaron de manera coordinada las autoridades de Seguridad del estado, la Fiscalía de Puebla y el gobierno federal. La madrugada del pasado martes 14 de julio, el empresario farmacéutico Rafael Zabalza Beraza – de 65 años de edad – fue detenido por elementos de la policía Ministerial de Puebla, del Ejército Mexicano y Fuerza Aérea, así como de la Guardia Nacional en su domicilio del exclusivo fraccionamiento Residencial Santa Fe, en San Andrés Cholula. En 2013, el llamado “francotirador de Atlixcáyotl” fue señalado de participar en licitaciones en la Secretaría de Salud, donde obtuvo contratos por más de 94 millones de pesos, mediante adjudicaciones directas y el uso de prestanombres. Durante años consolidó su poder económico a través de la industria farmacéutica con la empresa Biotecnología CADO, S.A. de C.V., además de incursionar en el sector energético con el Grupo Emprendedor Gasolinero. Se sabe que recibió muchos “beneficios” en el gobierno de Mario Marín, el llamado “góber precioso”. Nadie imaginó que detrás de su perfil empresarial se escondía un historial de irregularidades y violencia. El rasgo más alarmante de su conducta emergió con reportes de ataques previos: antes de los incidentes que iniciaron en enero de este año, ya había arremetido a tiros contra una tienda Telcel en Plaza Vía San Ángel, un antecedente que hoy cobra relevancia crítica para los investigadores. Sin duda, un logro más de la lucha contra la criminalidad que encabeza Armenta Mier.
