A pesar del riesgo legal de inhabilitación y de incluso acciones penales, Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene operando un contrato con la empresa OPP Servicios Petroleros, que venció en junio de este año, y que ha sido extendido desde 2019.
De acuerdo con una denuncia ante las autoridades internas de le petrolera, a OPP Servicios Petroleros le fue adjudicado el contrato número 641009826 el 18 de septiembre de 2019, cuyo objeto es la prestación de «Trabajos de operaciones convencionales con equipo de tubería flexible en pozos petroleros de PEP», por un monto original de $113 millones de pesos y con una vigencia prevista hasta mayo de 2021.
No obstante, mediante una serie de convenios modificatorios suscritos con la intervención de servidores públicos, el contrato fue ampliado de manera extraordinaria hasta alcanzar un monto de $3,245 millones de pesos, lo que representa un incremento aproximado del 2,771.7 por ciento respecto del monto originalmente adjudicado (equivalente a 28.7 veces el valor inicial del contrato). Asimismo, la vigencia contractual fue extendida de mayo de 2021 hasta junio de 2026, pasando de aproximadamente 20 meses de duración original a cerca de 81 meses, lo que representa un incremento aproximado del 305 por ciento respecto del plazo originalmente contratado.
De acuerdo con la denuncia, que ya rebosa en el escritorio de Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Pemex, en total se formalizaron seis convenios modificatorios, mediante los cuales se alteraron sustancialmente las condiciones económicas y temporales del contrato originalmente adjudicado, incrementando de forma extraordinaria tanto su monto como su vigencia.
Sin embargo, el contrato número 641009826 fue suspendido mediante el oficio PM-DEE-SERTS-AEBJ-01103-2026, de fecha 17 de junio de 2026, surtiendo efectos la suspensión a partir del 22 de junio de 2026. Dicho oficio fue emitido por el Suplente por Ausencia del Administrador del Activo de Extracción Bellota Jujo, José Martín Ortega Aguilar, quien notificó formalmente la suspensión del referido contrato.
Pero el asunto es más grave. El oficio número PM-DEE-SERTS-275-2026, de fecha 24 de abril de 2026, emitido por la Subdirección de Extracción Región Terrestre Sur, instruye a toda la petrolera a mantener el orden administrativo, la correcta aplicación de los recursos públicos y el estricto cumplimiento de la normatividad vigente.
En dicho documento se establece expresamente que queda estrictamente prohibido iniciar o ejecutar cualquier tipo de trabajo cuando: no exista un contrato formalizado y vigente, no exista disponibilidad presupuestal o no se cuente con el Registro de Actividad Física (RAF) debidamente autorizado.
A pesar de la suspensión del contrato antes referido y de las disposiciones administrativas vigentes, la empresa OPP Servicios Petroleros continúa realizando actividades operativas en las siguientes instalaciones: Cabezal Quesqui 40, Cabezal Quesqui 1DL, Cabezal Quesqui 2DL, y Pozo Quesqui 6A.
Pero no es todo. Desde la suspensión del contrato número 641009826, efectiva a partir del 22 de junio de 2026, y hasta la fecha, se han continuado ejecutando trabajos operativos que, conforme a la información de la que tengo conocimiento, han generado adeudos a favor de OPP Servicios Petroleros por un monto aproximado de 10 millones de dólares, derivados de servicios prestados sin que exista un contrato vigente que los ampare.
Se desconoce el mecanismo jurídico, administrativo y presupuestal mediante el cual se pretende reconocer y cubrir dichos adeudos, considerando que el contrato se encuentra formalmente suspendido.
Nada de esto hubiera sido posible sin el conocimiento de los responsables de Pemex en el proyecto: Ing. Alfredo Rayón Casiano (Coordinador de la GMIP), el Residente del Contrato (Ing. Antonio Otero Yáñez) ya que se sienten protegidos y respaldados por el ex-Director de Pemex y ahora asesor de la Dirección General Ángel Cid Munguía, así como por Jorge Alberto Arévalo Villagrán, Titular de la Unidad Técnica de Extracción de Hidrocarburos.
