En el marco de los nuevos tiempos que experimenta el mundo, emerge el debate en el país sobre lo que es estratégico e importante para no perdernos entre los grandes cambios que hoy sacuden a la humanidad y abren la puerta de una nueva era.
Los expertos han puesto énfasis en el Plan México como “hoja de ruta”, enfocada en fortalecer y consolidar el mercado interno, impulsar la llamada sustitución de importaciones y aprovechar lo que se ha denominado la “relocalización” de las empresas ( el nearshoring).
Han sido mencionados como pilares clave del desarrollo estratégico la soberanía y la producción nacional. Asimismo, la posición ventajosa de México en la geopolítica garantiza una conexión privilegiada con Norteamérica a través del comercio regional y el T-MEC. Para ello se cuenta con el uso de infraestructura logística con más de 117 puertos y una amplia red de carreteras y vías férreas.
Sin embargo, para que todo lo anterior tenga el efecto deseado es necesario contar con un marco jurídico fuerte que dé certeza a la financiación industrial y garantice la estabilidad política que le otorgue confianza a quienes son generadores de inversión y empleo. De otro modo será difícil aprovechar las ventajas y “nichos de oportunidad” que ofrece actualmente el cambio de paradigmas en el mundo.
Lo mismo sucede con la vida política nacional, la cual ha estado inmersa en sobresaltos, producto de escándalos de corrupción que debilitan la estructura institucional, la cual debería ser la columna vertebral del funcionamiento de la República. De ahí, la necesidad de distinguir lo estratégico de lo importante en la vida pública nacional.
Ante el inicio del calendario electoral 2026-27, el pasado 10 de septiembre, es indispensable fortalecer el andamiaje institucional que garantice comicios claros y transparentes para fortalecer las estrategias que buscan mejores resultados en todos los órdenes de la vida pública y contribuyan a mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos que hoy permanecen lejos de la posibilidad de tener seguridad, salud y educación de calidad.
La democracia impulsa el desarrollo social y económico al fomentar la estabilidad y garantizar una justa distribución de las oportunidades para la población, brecha de la que México ha padecido durante décadas. Dentro de ese marco normativo resalta lo que ha sido llamado el “diálogo social” que constituye una herramienta esencial e importante para la construcción de acuerdos. El enfrentamiento cotidiano entre los diversos sectores de la sociedad solo contribuye a debilitar el andamiaje institucional necesario para la consolidación de la nación.
Es importante en estos tiempos reiterar que al igual que promover la tolerancia y el respeto a los que piensan distinto y cuidar los derechos de las minorías frente a la ley es fundamental evitar los abusos del poder, ya que los líderes son temporales y deben rendir cuentas a las sociedad, mientras que lo que prevalece son las instituciones que soportan toda la estructura social.
No debemos olvidar que poder sin democracia es autoritarismo. Toda forma de manifestación de poder público se encuentra controlada con la finalidad de evitar su abuso y vigilar que se ejerza con base en el sistema que las sociedades se han dado y que se traduce en instituciones y atribuciones limitadas y perfectamente establecidas en nuestras propias normas.
Hoy que tanto se habla de soberanía y libertad recordemos que México tiene una amplia historia de lucha para hacer de la democracia nuestro sistema de vida y organización, fundado en un régimen de libertad, igualdad, bienestar y equidad. Por ello, el ejercicio del poder – en todos sus órdenes – debe desempeñarse en el marco de lo que marca la Constitución y sus instituciones que son el resultado de décadas de lucha y aprendizaje, aunque el camino por recorrer aún sea largo.
