La entrada en vigor de las nuevas disposiciones de la Ley Antilavado este 30 de noviembre de 2026 plantea a las empresas el reto de cumplir con mayores exigencias regulatorias sin que la carga administrativa desvíe la atención de la prevención de riesgos. Ante este escenario, Achilles, referente internacional en gestión de riesgos y sostenibilidad en la cadena de suministro, advierte que el principal obstáculo para las organizaciones será la avalancha de burocracia al gestionar la debida diligencia de cientos de proveedores, lo que vuelve indispensable el uso de tecnología para evitar un colapso operativo.
El mayor riesgo para las empresas es que el cumplimiento normativo se convierta en un simple ejercicio burocrático de recopilación de documentos. En la práctica, la dispersión de información, los expedientes incompletos y el rastreo manual de datos generan cuellos de botella y sobrecostos críticos. Ante este escenario, contar con plataformas tecnológicas que centralicen la información de terceros resulta fundamental para automatizar tareas, reducir la carga operativa y destinar los recursos a la verdadera prevención.
Nuevas obligaciones de evaluación y control de terceros
Entre los principales cambios destaca la obligación de implementar un Enfoque Basado en Riesgos (EBR). Esto implica ir mucho más allá de solo integrar expedientes: ahora las empresas deberán clasificar a sus clientes y proveedores en niveles de riesgo, obligándolas a realizar evaluaciones continuas, al menos cada seis meses, y con mayor frecuencia si el riesgo es elevado.
A esta carga operativa se suma un reto mayúsculo, la identificación del beneficiario controlador. La ley ahora exige rastrear a la persona física que realmente posee o ejerce el control de una organización, obligando a las empresas a investigar quiénes poseen el 25% o más del capital social de cada uno de sus proveedores o clientes. Para compañías con cientos de terceros, hacer este rastreo a mano es logísticamente insostenible.
Calendario normativo y sectores bajo la lupa regulatoria
Ante la magnitud de estos cambios, el tiempo es el mayor enemigo. El calendario regulatorio contempla que a partir del 1 de marzo de 2027 comiencen a aplicarse estas obligaciones de evaluación y conocimiento de terceros. Para cumplir con esta exigencia sin paralizar la operación, la ley establece que los mecanismos automatizados deberán estar disponibles a más tardar el 1 de junio de ese mismo año, preparando el terreno para las auditorías que revisarán el periodo de 2028.
Estas nuevas obligaciones se dirigen principalmente a quienes realizan las llamadas Actividades Vulnerables, estipuladas en el artículo 17 de la actual Ley Antilavado (LFPIORPI). Este catálogo abarca a sectores muy diversos que ahora estarán bajo la lupa, como el desarrollo inmobiliario, la comercialización de vehículos, joyería y metales preciosos, el mercado del arte, los préstamos no financieros y el manejo de activos virtuales.
Soluciones tecnológicas para la trazabilidad y gestión de riesgos
Para cumplir con esta normativa, dichas empresas deberán elaborar perfiles transaccionales detallados que permitan conocer los montos, la frecuencia y el origen y destino de los recursos, lo cual será clave para establecer patrones de comportamiento e identificar movimientos que requieran revisión. El verdadero reto será integrar esta exigencia a los procesos cotidianos, evitando que las exhaustivas tareas administrativas terminen por desplazar la gestión efectiva de los riesgos; es precisamente en este punto donde las soluciones de Achilles marcan la diferencia, al ofrecer un ecosistema integral de screening, monitoreo continuo y debida diligencia que automatiza la segmentación de proveedores y garantiza la trazabilidad documental, transformando la simple recopilación de datos en conocimiento útil para proteger la cadena de suministro sin colapsar la operatividad.
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Acerca de Achilles: Achilles es especialista global en la gestión de riesgos y el desempeño de la cadena de suministro. Desde hace más de 35 años, ayuda a organizaciones de todo el mundo a construir cadenas de suministro más transparentes, resilientes y sostenibles. A través de su plataforma, su red global de expertos y sus servicios de validación y auditoría, Achilles permite a las empresas identificar, evaluar y monitorear los riesgos de sus proveedores en ámbitos como sostenibilidad y ESG, salud y seguridad, riesgo financiero, ciberseguridad y cumplimiento.
