Por Miguel Tirado Rasso
El pasado viernes 8 del actual inició, formal y legalmente, el proceso electoral de 2018 en el que estarán en juego 3,406 cargos de elección popular, con elecciones federales (3) para Presidente de la República, Senadores (128) y Diputados (500) y locales concurrentes en 30 estados del país, para Gobernador (9), Diputados (en 27 estados) y Presidentes municipales (en 25 entidades). “La disputa más grande que haya tenido la democracia en México”, a decir del presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova.
Ciertamente una numerosa y compleja elección, pero también muy costosa lo que, una vez más, pone en la mesa de debate el sensible tema sobre lo gravosa que resulta la democracia en nuestro país. Y es que, según cálculos de la secretaría de Hacienda, su costo ascenderá a casi 30 mil millones de pesos, lo que significa un aumento de 10 mil 700 millones, 66.6 por ciento, respecto del presupuesto asignado a las elecciones federales de 2012.
Una considerable inversión para un gran esfuerzo que, lamentablemente, no logra aún dejar satisfechos del todo a candidatos y electores. A unos, porque se ha hecho costumbre en nuestros procesos que los perdedores no reconozcan su derrota, aleguen toda clase de violaciones, cuestionen y hasta descalifiquen a la autoridad electoral y busquen en los tribunales el triunfo que no consiguieron en las urnas, echando al cesto de la basura todo el trabajo realizado en la organización de las procesos. Y a los electores, por la decepción que les provocan candidatos sin consistencia ni trayectoria, sin propuestas ni programas, con campañas intrascendentes y debates sin propósitos.
Hace no mucho tiempo, se plantearon reformas a la ley electoral para redefinir al Instituto con el ánimo, entre otros, de reducir el costo de los procesos electorales. Con ese argumento, que resultaba conveniente y convincente, se aprobaron las reformas que, como podemos ver, fallaron en ese objetivo, pues cada vez las elecciones les cuestan más a los contribuyentes.
Argumentos para justificar este incremento, sobran. En 2012, el entonces IFE cargó con el costo y organización de la elección federal, únicamente, con una lista nominal de 79.4 millones de electores. Para el proceso de 2018, el INE amplió su competencia con más funciones y atribuciones, teniendo que ver ahora hasta las elecciones locales, en un escenario en el que la lista nominal asciende a casi 88 millones de electores.
El cuestionamiento, sin embargo, está en los recursos que se canalizan a los partidos políticos, para su operación y sus campañas, cuyo cálculo se hace a partir del número de electores registrados en el padrón y de ahí que, en donde podría encontrarse un ahorro, debido a la fórmula que establece la ley, las aportaciones, lejos de disminuir, aumentan cada vez más por el crecimiento del padrón.
Los ilusos esperamos que con el tiempo nuestros legisladores federales asuman un auténtico papel de representantes populares y den curso a la reforma de ley, aprobada por el Congreso del estado de Jalisco, que entrará en vigor en 2019 y, recientemente, ya reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que modifica la fórmula para el cálculo de las aportaciones a los partidos a efecto de que la ecuación se haga a partir de los votos válidos obtenidos por los partidos en los años electorales y, en aquéllos en que no haya elecciones, se haga una reducción de 20 por ciento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
El ahorro que se podría alcanzar con esta ley equivaldría, se dice, hasta un 60 por ciento sobre los recursos que actualmente se entregan a los partidos. Una reducción de esta magnitud al millonario despilfarro que significa el financiamiento a los institutos políticos, debería despertar la consciencia de nuestros legisladores y obligarlos a descongelar la iniciativa de esta ley que, desde el mes de marzo pasado, duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Y es que, además del ahorro, con esto se pondría un freno al jugoso negocio en que se han convertido algunos partidos políticos, al recibir millonarias cantidades en prerrogativas, a pesar de no tener ninguna representatividad, y que solo sirven para incrementar el patrimonio personal de los dueños de estas muy cuestionables organizaciones políticas.
